Han transcurrido 51 años desde el ataque conocido como el halconazo, evento significativo para nuestro país, que no se olvida, como tampoco se olvida el movimiento social y estudiantil, crítico y solidario, que surge en ese marco. La masacre sucede apenas tres años después de los hechos de Tlatelolco (1968) contra las y los estudiantes que comenzaban a movilizarse de nuevo por causas de gran importancia en esa época, como la libertad política, la democratización del acceso a la educación, la autonomía universitaria, y un alto a la represión gubernamental, tan marcada en aquellas décadas. Quienes se movilizaron aquel 10 de junio de 1971 en las inmediaciones de la estación del Metro Normal fueron atacados de manera directa con disparos y varas de bambú, en una acción coordinada entre fuerzas policiales y los halcones, un grupo paramilitar integrado por elementos seleccionados por jefes del Estado Mayor Presidencial y personal del entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México. Se trató, sin duda alguna, de un crimen de Estado, que replicaba métodos represivos que con anterioridad se habían utilizado en contra de quienes consideraba como sus opositores políticos, y contra quienes buscaba disolver a toda costa su protesta y hacer pasar la agresión como una confrontación entre los propios estudiantes, mediante la infiltración y la contrainsurgencia.

A pesar de ello, podemos afirmar con desilusión que la justicia no ha llegado todavía para las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos de las juventudes, pues, a poco más de medio siglo de estos lamentables hechos, este evento no ha sido esclarecido ni sancionado, manteniéndose con ello una constante, según la cual no se investigan los crímenes ni la violencia institucional. Apenas en 2004, la hoy desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) investigó e intentó llevar a juicio a algunos de los involucrados en la masacre, pero las órdenes de aprehensión fueron negadas en múltiples ocasiones por diferentes juzgados y tribunales. Para 2005, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano que revisó la resolución, volviéndose a obstaculizar la justicia para las víctimas y el castigo a los responsables. Se negó también a crear una comisión especial para investigar lo sucedido y acercar así a la sociedad a la verdad de los hechos. Al ser obstruidas las investigaciones, y mantenida la impunidad como norma, las violaciones a los derechos humanos siguen sucediendo de manera repetitiva, y se van configurando más allá de un “hecho aislado” o “coyuntural”, pues vemos la instalación de un actuar sistemático, que tiene el objetivo de mantener las estructuras de poder y dominación que, en casos como éste, se convierten en claros referentes de la también histórica criminalización de las juventudes.

En esa lógica, los delitos de lesa humanidad, la militarización, la criminalización e incluso el terrorismode Estado llegan a convertirse en acciones reiteradas de las institu-ciones para controlar a grupos específicos de la población civil. La impunidad de las masacres cometi-das por los halcones y el Batallón Olimpia tienen en esto relación con ataques paramilitares, como el ocurrido en Acteal (1997), o la desaparición forzada de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala (2014), aunque también con ataques como el acontecido el 1º de diciembre de 2012 en San Lázaro, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto y, más recientemente, el 5 de junio de 2020 en Guadalajara, represión que ha recibido el nombre del halconazo tapatío, y por el que tampoco hay justicia hasta el momento. Como vemos, ante tal estado de impunidad, los agravios y agresiones se siguieron repitiendo a lo largo de los años, convirtiéndose la represión y la violencia en características esenciales de la respuesta de las autoridades frente a los movimientos sociales, aunque detrás de cada masacre, de cada asesinato y desaparición forzada, hay responsables directos, que en la mayor parte de los casos no han sido investigados ni sancionados. Hasta ahora, se observa lejana cualquier acción contundente para acabar con ese gran pacto de impunidad y complicidades que mantiene a salvo a los perpetradores, sobre todo a aquellos que aún forman parte de los aparatos de procuración e impartición de justicia, de las legislaturas y de los grupos políticos en México. Es necesario que desde sus diversas competencias, los poderes constituidos asuman verdaderamente sus responsabilidades e inicien o continúen con toda investigación o juicio a todos los funcionarios del Estado que hayan cometido crímenes en contra de la población. De no hacerlo, será aún más difícil alcanzar la verdad y la paz. Avanzar en la justicia es la única manera de conmemorar de manera digna la lucha y la memoria de quienes lucharon por un país más libre, justo y democrático.