No en África, Europa o países latinoamericanos ve uno este trato de las autoridades migratorias mexicanas contra una docena de académicas/os argentinos, colombianos y centroamericanos. Eran invitados al evento de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Parte de 3 mil 500 académicas/os de 836 centros de investigación o posgrado. A pesar de esto, las/los colegas fueron aislados, agredidos, amenazados y algunos, expulsados del país (Néstor Jiménez, La Jornada, 8/6/22). Los agentes migratorios confirmaban el nombre de la mesa y de la ponencia e incluso, con fino talento académico buscaban poner en difícil entredicho a los autores: ¿por qué si usted vive en Argentina, la ponencia habla sobre Chile? La aclaración que hizo luego el Instituto Nacional de Migración (INM) (“algunos traían familia”; La Jornada, 10/6/22), confirma la política de facto de un fuerte prejuicio, desconfianza y hasta racismo. ¿Por qué?
No hay un solo factor, pero ciertamente contribuye el hecho de que a raíz de la amenaza del presidente Trump (habrá aranceles si no detienes la migración a Estados Unidos), México ha asumido como propia y hasta ha interiorizado la tarea de establecer una frontera interna al paso migrantes del sur. Así, la frontera de México se ha recorrido hasta el interior a más de 3 mil kilómetros, ya que en cualquier puerto o estación en el interior se detiene a quien coincida con el perfil de potencial migrante. Y esto a pesar de que la Ley de Migración nunca establece que la intención o el hecho de migrar (aún sin documentación del país receptor) constituya una falta. No es legal la política de detener, amenazar, expulsar a imaginarios o reales migrantes a Estados Unidos. Y a pesar de eso esta práctica se normaliza, y eso no es inocuo, contribuye a rebajar en México los estándares de los derechos de las personas. Es decir, políticas que degradan a las mujeres, a los más pobres, y que fortalecen la reticencia o abierto rechazo de las autoridades públicas a abrir de par en par ámbitos tan elementales como el derecho a la educación y a tener condiciones dignas de trabajo en las instituciones educativas, el respeto a la autonomía, a una educación que abra horizontes, para todas y todos.
México ha sido un laboratorio de ensayo de políticas que luego se intenta aplicar en países latinoamericanos. Después de que en los años 90 se estableció en México el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), y se restringió la educación superior y aumentaron los cobros o aranceles, casi de inmediato Estados Unidos pretendió extenderlo al resto de los países de la región, y apareció la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ya prevenidos, los gobiernos acumularon suficiente fuerza social y lograron que no se materializara.
Hoy también les será importante revisar la experiencia mexicana, Para que no se repita, por ejemplo, el explosivo crecimiento en el número de desaparecidos. Cien mil es una cifra enorme y un indicador del grado de violencia en una sociedad. Y también en la educación. En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X), y en una sola división académica en estos días, tenemos un joven estudiante de sicología asesinado y una académica bajo amenaza de muerte por su estudio sobre el litio.
Y no existe una política clara que pueda contribuir –como la educación– a mitigar al menos esta violencia. A pesar de ser uno de los dos países más ricos de la región (y la décimo cuarta potencia económica mundial), México desde hace décadas mantiene una fuerte restricción del gasto educativo. En consecuencia, es uno de los países de América Latina más atrasados en cobertura de la educación superior. Tener apenas 40 por ciento de jóvenes estudiando cuando en Argentina, Cuba y otros países latinoamericanos llega hasta 80 y 100 por ciento, es sintomático de una visión gubernamental errada. Peor aún, cuando se fortalece con la reciente aprobación de la Ley General de Educación Superior, que no busca aumentar sustancialmente el gasto, coloca en las autoridades de las instituciones la determinación del derecho a la educación (que sin fondos, restringen el acceso), simula la gratuidad y mercantiliza la educación superior. Esto es muy significativo y va contra cualquier política de dar oportunidades de futuro para los jóvenes como una respuesta a la criminalidad y el desamparo. Al mismo tiempo y por lo mismo, decenas de miles de profesores –sobre todo jóvenes– trabajan en la precariedad, con bajísimos salarios, pésimas condiciones laborales y en un panorama cerrado. Por eso, hoy todos los colegios preuniversitarios que sostiene la Ciudad de México están en huelga.
Un país que no amplia su base educativa y científica está, como México, condenado a un desarrollo siempre frágil, fincado en factores externos que no controla: inversión extranjera, remesas de migrantes, turismo, venta de petróleo y agricultura gourmet de exportación.
*UAM-X
