Londres. La justicia británica autorizó ayer el controvertido plan del gobierno del premier Boris Johnson de expulsar a Ruanda, país africano a 7 mil kilómetros del Reino Unido, a migrantes y demandantes de asilo que entren en su territorio de forma indocumentada. El primer vuelo, con una treintena de migrantes, está previsto para el próximo martes.

Al intentar bloquearlo, un sindicato y dos ONG lanzaron una acción judicial urgente el pasado miércoles ante un tribunal londinense. Pero, tras un día de vistas, el juez Jonathan Swift desestimó sus argumentos al considerar “importante para el interés público que la ministra del Interior pueda aplicar las decisiones de control de la inmigración”.

Los demandantes, entre ellos las organizaciones Care4Calais y Detention Action y varios solicitantes de asilo, para quienes se trata de una “política ilegal”, presentaron inmediatamente un recurso que deberá ser examinado el lunes.

El gobierno británico negoció hace unos meses con Ruanda enviar a ese país con un preocupante balance en materia de derechos humanos a migrantes y refugiados que entren en el Reino Unido clandestinamente. Su objetivo es, según Londres, desalentar los cruces de migrantes desde las costas francesas. En lo que va del año, más de 10 mil llegaron ilegalmente al país.

Ruanda, que ya tiene listo un hotel para alojar a unos 100 migrantes, recibirá en un primer momento 157 millones de dólares para acogerlos y “darles una vía legal para la residencia” a fin de que puedan “establecerse de forma permanente, si así lo desean”, según el canciller del país africano, Vincent Biruta.

El príncipe Carlos criticó en privado la política del gobierno calificando la práctica de “espantosa”, según ha dicho una fuente consultada por el Times y el Daily Mail. “Dijo que piensa que todo el enfoque del gobierno es espantoso. Quedó claro que no estaba impresionado con la dirección de viaje del gobierno”, detalló la fuente.

Por otro lado, Francia impulsó avances en el estancado acuerdo sobre recepción de asilados en la Unión Europea (UE) con un plan de localización de unos 10 mil demandantes de asilo en países dispuestos a recibirlos, al tiempo que el resto aportaría recursos financieros.

La propuesta, presentada en las últimas semanas del turno de Francia en la presidencia de la UE, pretende desbloquear el espinoso expediente con un enfoque gradual.

En vez de intentar superar la oposición de varios estados miembros de la UE, en su mayoría del Este, a una revisión de las reglas de asilo del bloque, el plan lanza un “mecanismo voluntario de solidaridad” por un periodo de 12 meses, de acuerdo con un borrador al que tuvo acceso la agencia Afp.