Tras ser notificada que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés) se declaró incompetente para decidir sobre su apelación contra el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Federación de Ciclismo, Jessica Salazar se dijo satisfe-cha, pues aseguró que si bien no logró la compensación económica que pretendía tras ver truncada su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, su demanda llevó a “limpiar la corrupción y el cáncer que tenía secuestrado y ahogado al ciclismo nacional desde hace varios años”.
“El TAS no quiso meterse en temas de compensación porque realmente era algo difícil: esfuerzo, dedicación, lágrimas, sudor, sangre, son difíciles de recompensar, por lo que la mejor salida que tomaron, sin presentar un precedente, fue no darle la razón ni al COM ni a la Federación; y deslindarse de la obligación de emitir un juicio”, asentó la pedalista en conferencia de prensa.
Salazar, de 26 años, renunció a la cita olímpica tras percatarse de que la FMC la había inscrito en la prueba del ómnium y no en la de velocidad, que es su especialidad, en la que fue subcampeona mun-dial en 500 metros contrarreloj, además de ostentar el récord del orbe de velocidad pura (32.268), establecido en el Campeonato Panamericano de Aguascalientes 2016.
La pedalista, quien entrena en su natal Guadalajara, emprendió una demanda contra la federación y el COM ante el TAS, al considerar sus asesores legales que la Comisión Apelación y Arbitraje del Deporte no era la instan-cia adecuada al no ser independiente, además de que no estaba en funciones durante la pandemia.
En la demanda ante el TAS, la ciclista pretendía ser remunerada “por daños y perjuicios” ocasionados desde 2016, por la cantidad de dos millones 500 mil pesos, le otorgaran o no la plaza, y en “caso remoto y casi impensable de que no se revirtiera la decisión” de dejarla fuera en la delegación olímpica, en su prueba, entonces solicitaba siete millones, según se asienta en el laudo expedido por el TAS, fechado en Lausana el pasado 30 de mayo.
Jessica demandaba también ser reconocida como la mejor del país, que se inhabilitara al presidente de la federación, Edgardo Hernández, y que los gastos del proceso legal fueran asumidos por el COM y la FMC. Sobre esto último, el TAS determinó que las partes involucradas asumirán los costos, que de inicio se quedaron en mil francos suizos cada uno, incluso la ciclista.
La UCI envió en 2021 una suspensión provisional a la FMC, a la que aún reconoce como el organismo mexicano y que cuenta con el respaldo del COM, mientras otro grupo asesorado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, asegura haber formado una nueva federación de ciclismo con nuevas asociaciones.
La ciclista admitió que persiste el divisionismo en su deporte, pero aun así celebró.
“Al final ganamos, porque no nos callamos. Nosotros logramos este cambio real al denunciar las irregularidades y se hizo una nueva gestión en el ciclismo nacional, que estoy segura va a beneficiar a futuras generaciones”, dijo la pedalista, quien afirmó que mantiene intacto el sueño olímpico rumbo a París 2024.