El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que 80 por ciento de las organizaciones de transportistas aceptaron el incremento de un peso a la tarifa del transporte público, por lo que no hay lugar para movilizaciones, mucho menos bloqueos, tal y como amenazaron ayer los líderes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), quienes lo consideraron insuficiente y que se trató de una imposición.
El secretario de Gobierno, Martí Batres, aseguró que se habló con las agrupaciones de transportistas de la ciudad, por lo que si bien se respetan las discrepancias, a partir del 15 de junio se efectuarán operativos en las diferentes rutas para que se cumpla lo pactado en cuanto al costo del pasaje, así como en la mejora del servicio.
La prioridad es mejorarlo
La jefa del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum, afirmó que antes en el gobierno había acuerdos con los transportistas basados en la corrupción, en los que se beneficiaba a unos concesionarios y se castigaba a otros, pero eso cambió con la llegada de su administración, por lo que hay la suficiente autoridad moral para hablar con ellos.
Agregó que después del convenio lo principal es la mejora del transporte público, por lo que en lugar de bonos de combustible los recursos se utilizarán en la sustitución de unidades, con lo que van a recibir apoyos desde 300 mil hasta 450 mil pesos para ese fin.
Por separado, frente al antiguo Palacio del Ayuntamiento, los integrantes de la FAT refrendaron que es necesario un aumento de al menos tres pesos, además de la entrega de un bono de combustible de 5 mil pesos, al señalar que con el incremento de un peso a partir del 15 de junio no alcanzará para dar mantenimiento a las unidades.
Consideraron como “una amenaza a nuestra fuente de trabajo” el anuncio de sanciones que incluye la cancelación de licencias y de la concesión en caso de que no se cumplan con las condiciones de mantenimiento a las unidades.
El líder de la agrupación, Francisco Carrasco, afirmó que en la segunda mesa de negociación se anunció de manera unilateral el aumento de un peso a la tarifa, por lo que los miembros de la organización salieron del encuentro.
Por otra parte, operadores de 45 organizaciones de transporte público concesionado de ruta fija y 24 empresas de corredores de transporte coincidieron en que “no se sienten satisfechos”, pero dijeron estar conscientes de que un aumento mayor pudiera afectar seriamente la economía de los usuarios.