En mayo pasado, el Consejo de Ministros de España aprobó el anteproyecto para modificar la ley vigente que garantiza el derecho al aborto. Esa histórica legislación pasó hace 12 años durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, logro que tuvo la férrea oposición de la Iglesia católica y los grupos de la ultraderecha.

Dicho anteproyecto debe pasar aún por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Congreso y el Senado. Contempla avances en la materia muy amplios y variados; el más importante, la eliminación del consentimiento parental para que las jóvenes de 16 a 18 años puedan abortar libremente hasta la semana 14 de embarazo, como el resto de mujeres. Se estima que 90 por ciento de las menores de 18 que se someten a un aborto lo hacen acompañadas por sus padres.

Como complemento se contempla que todas las que deseen abortar puedan hacerlo en centros sanitarios públicos, a diferencia de lo que sucede hoy, cuando alrededor de 80 por ciento de estos procedimientos se realizan en centros especiales.

Además, se garantizará la financiación de todos los anticonceptivos hormonales cuando se dispensen en los centros sanitarios del sistema público. Se incluirán píldoras anticonceptivas de última generación.

La propuesta que causa más resistencia de la ultraderecha y la Iglesia católica es la eliminación del permiso parental para abortar de las mayores de 16 años, precisamente, las más vulnerables y que enfrentan conflictos familiares.

En el anteproyecto se busca también garantizar una baja laboral por menstruaciones dolorosas e incapacitantes, y en “situaciones especiales de incapacidad temporal”, como los abortos, sean o no voluntarios, mientras la mujer reciba asistencia sanitaria. En estos temas España se convertirá en pionera en Europa.

En cambio, el pasado 13 de mayo el impopular presidente de Colombia, Iván Duque, adhirió a su país al grupo de naciones antiaborto. Son 36. El motivo: defender la salud integral de la mujer, fortalecer la familia y la soberanía de los países para legislar sobre el tema.

Este año, la Corte Constitucional de ese país despenalizó el aborto, logro de las mujeres que se mantiene intacto. Cada año en Colombia se realizan 400 mil abortos inducidos, de los cuales unos 350 fueron legales. Las trabas para el acceso a abortos seguros causan allí la muerte a cientos de mujeres.