Ciudad de México. En el marco de la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizaciones defensoras de los pueblos indígenas, del territorio y del medio ambiente, denunciaron que en América Latina y el Caribe “la degradación socioecológica persiste en todos los niveles” y la incapacidad de los gobiernos para resolverla pasó a justificarse a partir de invocar la crisis por la pandemia de covid-19. Mantener viva la economía en la región ha significado asegurar e intensificar los extractivismos, manifestaron.

“Escudándose en la idea de que es necesario extraer recursos naturales para enfrentar la recesión económica, se han reforzado las posturas tradicionales que consideran las medidas ambientales como trabas al ‘desarrollo’”, manifestaron los organizadores del Foro “Territorios, luchas y r-existencias: Horizontes comunitarios frente a la reproducción de desigualdades del capitalismo en América Latina y el Caribe”.

En una declaración política contra la violencia extractivista -que implica la explotación de los recursos naturales de manera indiscriminada-, señalaron que la pandemia “se ensambló sobre varias otras crisis que ya estaban en marcha, tanto sociales, como económicas y ambientales. Las exacerbó, le sumó nuevos componentes como el sanitario, energético, produciendo un conglomerado de crisis globales entrelazadas que se manifiestan de distinto modo en cada región y país”.

Todos los gobiernos latinoamericanos, dijeron, “han optado por mantener estrategias económicas convencionales, especialmente la masiva apropiación de naturalezas humanas y no humanas, otorgando distintas ventajas al capital”.

Subrayaron que en plena emergencia sanitaria, se otorgaron excepciones y exenciones de impuestos y subsidios para que sectores como el minero, petrolero o de construcción residencial y de ingeniería civil siguieran funcionando, y se promovieron los megaproyectos y los agronegocios, “con una creciente expansión de las zonas de sacrificio y de despojo”.

Dichas medias, afirmaron, “no sólo no hacen frente a la crisis climática, hídrica y alimentaria sino que la exacerban”. Además, a ello se suma “una expansión sin precedentes del crimen organizado que se alía con la agroindustria y con las empresas extractivistas sembrando miedo y terror”.

Al respecto, resaltaron que según el reporte de Global Witness, América Latina “es la región donde más asesinatos de líderes y lideresas ambientales se registran”. Refirieron que tan sólo durante el 2020 se documentaron 65 asesinatos en Colombia, 30 en México, 20 en Brasil, 17 en Honduras, 13 en Guatemala, 12 en Nicaragua, seis en Perú, y uno en Costa Rica, un aumento respecto a 2019.

No obstante, afirmaron, al mismo tiempo que se han ampliado los procesos de degradación social y ambiental, se expanden también las resistencias “y persisten las construcciones autonómicas. Innumerables pueblos, comunidades, organizaciones, colectivas a lo largo y ancho de Abya-Yala (término más antiguo para referirse al territorio del continente Americano) se movilizan y trabajan cotidianamente por la defensa ecoterritorial del agua, las selvas, los bosques, los humedales, las semillas y todas las formas de vida existentes en los terruños, tierras y territorios comunes”.

Llamaron a multiplicar los acompañamientos y las articulaciones para combatir “decididamente” todas las formas de explotación, despojo, opresión, subalternización y violencias que reproducen las desigualdades capitalistas.

Entre los firmantes de la declaratoria están Grupos de trabajo Trabajo Territorialidades en disputa y r-existencia, Ecología(s) política(s) desde el Sur/Abya-Yala, Anticapitalismos y sociabilidades emergentes, Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos, entre otros.