Chihuahua, Chih. Un juez de control de Chihuahua vinculó ayer a proceso penal al ex gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) por los delitos de peculado y asociación delictuosa, en el primero y único proceso penal abierto en su contra hasta esta fecha y que pasará a la etapa de investigación complementaria.

La defensa pidió desechar como pruebas información bancaria y declaraciones de por lo menos dos testigos protegidos que señalaron transferencias ilegales de 96.6 millones de pesos que Duarte hizo de las arcas públicas hacia sus empresas, ranchos e incluso a su cuenta de nómina personal.

Los testigos, que por información pública se conoce fungieron como secretarios de Hacienda en la gestión 2010-2016, refieren que el ex mandatario les dio instrucciones para entregar supuestos subsidios y apoyos económicos a favor de la Unión Ganadera Regional División del Norte y de la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) Financiera División del Norte, pero quien cobró dichos recursos fue Carlos Hermosillo Arteaga, prestanombres de Duarte.

La fiscalía refirió 17 transferencias de recursos a través de 11 procedimientos administrativos simulados, por un monto de 64.6 millones de pesos que fueron transferidos a la Unión Ganadera División del Norte y por 32 millones de pesos a la Sofom División del Norte; de esta última, César Duarte era socio fundador, presidente del consejo directivo y contaba con 98 por ciento de las acciones A y 93 por ciento de las acciones B, al mismo tiempo que era gobernador de Chihuahua.

Destacó que en noviembre de 2014, la Secretaría de Desarrollo Rural estatal dio a la Unión Ganadera División del Norte 5.5 millones de pesos para comprar avena; los recursos se triangularon a la Sofom División del Norte “y de ahí se depositaron a una cuenta de nómina de Duarte, quien pagó 3 millones 105 mil 364 pesos al Servicio de Administración Tributaria por concepto de sus impuestos como persona física”.

La defensa rechazó los cargos con el argumento de que el ex mandatario no controlaba las cuentas bancarias del gobierno estatal y los responsables eran los secretarios de Hacienda; por ello, sus declaraciones como testigos protegidos deben desecharse.

Ricardo Sánchez, abogado del político, comentó a reporteros que su cliente “no tiene nada que devolver porque no se robó nada y está perfectamente acreditado”.