Tulum, QR., Autoridades federales llevaron a cabo ayer una reunión pública de información y revisión de la manifestación de impacto ambiental (MIA) del tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, el cual enfrenta una suspensión otorgada por un juez y la oposición de ambientalistas.
Por más de nueve horas, funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informaron los avances del proyecto, y la empresa Acciona, encargada de la obra, detalló características y aspectos técnicos de la construcción y operatividad del tren.
En el encuentro en la casa ejidal de Jacinto Pat, Tulum, participaron unas 300 personas y se presentaron 20 ponencias de especialistas y la sociedad civil. La mayoría de los expositores se pronunciaron a favor de este medio de transporte y señalaron sus beneficios, por lo que consideraron viable el proyecto.
Rafael Villegas Patraca, investigador del Instituto de Ecología, detalló que los 67.67 kilómetros del tramo 5 sur correrán por Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Akumal y Tulum.
Agregó que el Sistema Ambiental Regional no comprende únicamente la zona por donde pasará el tren, sino también su área de influencia, que se amplió a un polígono de mil 891 kilómetros cuadrados en los que se analizaron relieve, roca, clima, suelos, usos de suelo y vegetación, entre otros elementos.
El gerente de Obras de Fonatur, Efraín Olivares Lira, mencionó que ya se hicieron observaciones sobre los alcances de la obra con base en los estudios, y no hay ninguna afectación, sobre todo en el área de Jacinto Pat. Explicó que la vía irá a nivel en las zonas kársticas del tramo, pero se hará una plataforma que soporte la maniobra y densidad del tren.
Sobre los amparos contra el proyecto, destacó que los tiempos se han alterado, pero se está aportando la información necesaria para que la autoridad la analice a fin de reanudar la construcción.
La presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, Aracely Domínguez, aseguró que “el proyecto es ilegal” porque, insistió, no cuenta con la MIA ni cambio de uso forestal.
José Urbina, buzo que participó en la tramitación del amparo que permitió la suspensión de la construcción del tramo, sostuvo que de ninguna manera reconocen la MIA que presentó Fonatur.