Ante los altos niveles de corrupción y extorsiones que imperaban en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Marina (Semar) intervino y aplicó un operativo de detección a quienes incurrían en esos delitos, con lo que fueron cesados 32 funcionarios.

Así lo informó en la mañanera de ayer el titular del organismo, Alejandro Svarch Pérez, aunque no dio a conocer si ese personal fue sancionado o si se le inició un proceso administrativo.

Indicó que la lógica permisiva que se dio en México por décadas hizo que la comisión se convirtiera en “un espacio donde intereses perversos confluían con mucha naturalidad en su día a día”. En atención a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en septiembre de 2021 se ejecutó un operativo para poner un alto a esas prácticas, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar.

Svarch Pérez dijo que los 32 funcionarios detectados –que van desde titulares de unidades administrativas hasta dictaminadores y verificadores– sólo tenían el propósito de “enriquecerse a costa del gobierno y en detrimento de la salud de los mexicanos”, por lo que fueron sustituidos por otros que pasaron estrictas pruebas y exámenes de confianza de la Semar, además de colocar en posiciones estratégicas de la Cofepris a marinos.

La relevancia de la Cofepris es de tal magnitud, destacó, que de cada 10 pesos que se gastan en el país, 4.5 son en productos regulados por ésta. Así, “empresas deshonestas marcaban la pauta para la creación de las reglas de un juego favorable a sus bolsillos, todo ello en detrimento de la salud de los mexicanos”. Por lo menos durante 20 años convivieron lo que el titular del órgano regulador llamó “tres sótanos de oscuridad”.

En el primero se hallaron desvíos de solicitudes con la lógica de “el que paga manda”, pues había extorsión a solicitantes y se creaban monopolios farmacéuticos artificiales. “El que pagaba más podía asegurar ganancias multimillonarias por falta de competencia”.

El segundo, continuó, era el de extorsión y vigilancia, en el que había “una amplia red de extorsionadores disfrazados de servidores públicos que drenaban a miles de firmas y empresarios bajo amenazas de suspender actividades si no pagaban moches”.

El tercero era “el más oscuro y podrido, donde estaban instalados grupos de interés que manejaban los hilos del comercio al exterior en la industria farmacéutica”. Afirmó que se hallaron evidencias de reuniones de grupos de intereses y funcionarios a la luz del día, porque se sentían protegidos por la impunidad.