Desde su creación, en 2001, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue utilizada por los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto como otro centro de corrupción, con total impunidad y en beneficio de sus respectivas pandillas (ahora unificadas), siempre con el pretexto de “proteger y fortalecer a la sociedad”, porque “la buena salud es condición indispensable para una auténtica igualdad de oportunidades”.
Desde que Vicente Fox y Julio Frenk Mora, su secretario de Salud, firmaron el decreto respectivo (5 de julio de 2001), la Cofepris se convirtió en una verdadera cueva de ladrones en la que funcionarios y empresarios del ramo traficaban con todo. Entre sus facultades se cuentan “regular y vigilar productos de consumo humano que pueden representar un riesgo para la salud; medicamentos, vacunas, clínicas, consultorios y equipos médicos, alimentos, bebidas, plaguicidas, ensayos clínicos para desarrollar nuevos medicamentos” y muchísimas más.
La Cofepris era una fachada para todo tipo de negocios ilícitos que fomentó y fortaleció una cadena de corrupción público-privada de alcance infinito. Ante este panorama, días atrás el presidente López Obrador comentó que esa institución “estaba podrida” y adelantó que convocaría a su titular, Alejandro Svarch Pérez, para explicar “cómo funcionaba”. Y ayer, el funcionario se apersonó en la mañanera.
Svarch Pérez explicó que “de cada 10 pesos que se gastan en México, 4.5 son consumidos en productos regulados por nuestra agencia sanitaria. Cómo una institución de estas dimensiones y bajo la lógica permisiva de la corrupción que imperó durante décadas en México, la Cofepris se volvió un espacio donde intereses perversos confluían con mucha naturalidad con sus actividades del día a día, empresas deshonestas marcaban la pauta para la creación de las reglas del juego favorable a sus bolsillos, todo esto, por supuesto, en detrimento profundo de la salud de las y los mexicanos. Desde hace muchos años, en la Cofepris también la corrupción se daba de arriba para abajo, en todas las etapas. En la superficie, la institución parecía funcionar sin problemas, pero en el fondo, en las zonas oscuras operaban redes de corrupción donde grupos de interés tenían secuestrada a la agencia sanitaria”.
Identificó tres “sótanos” de corrupción: “el primero se caracterizaba por un manejo discrecional de las solicitudes de las empresas en un oscuro archivo que era el reflejo físico del desorden administrativo de la Cofepris; el segundo era una vigilancia basada en la extorsión, y el tercero, el más profundo y lamentable, era la operación directa de la corrupción”.
En el primero de ellos, “la corrupción, existía un área dedicada a desviar el ingreso de solicitudes bajo una lógica de ‘el que paga, manda’. Una sofisticada estructura controlada desde una oficina centralizada que administraba los ingresos de forma discrecional a través de extorsionar a los y las solicitantes. La fórmula era sencilla: o pagabas o tu solicitud estaba condenada al olvido. Esta práctica permitía la creación de monopolios farmacéuticos artificiales, el acceso a medicamentos estaba a la venta del mejor postor. Aquí, el que pagaba más podía asegurar ganancias multimillonarias por falta de competencia en el mercado”.
En el segundo, “encontramos una amplia red de extorsionadores disfrazados de funcionarios públicos, quienes drenaban a miles de empresas y empresarios bajo amenazas de clausurar sus actividades de no acceder a pagar moches. Este esquema desafortunadamente también se construyó con la triste complicidad de algunas autoridades sanitarias estatales”.
En el tercero, “el más oscuro y podrido: grupos de interés manejaban los hilos del comercio exterior y de la industria farmacéutica. La convivencia entre los operadores de la corrupción y funcionarios públicos era de tal naturalidad que existen evidencias de reuniones a plena luz del día, pues se sentían protegidas por el manto de la impunidad”. En vía de mientras, 32 funcionarios fueron removidos y sigue la limpieza.
Las rebanadas del pastel
Desesperado, el delincuente Emilio Lozoya intenta cualquier truco para dejar su lujosa suite en el Reclusorio Norte. Ahora dice: “ya reparé el daño”, ergo, “regrésenme mi libertad”. Pues no, porque el pago que realizó (2.6 millones de pesos) fue por impuesto sobre la renta de 2016, que “no tiene vinculación de ninguna naturaleza, ni conexión de ningún tipo” (FGR dixit) con las acusaciones por Agronitrogenados y Odebrecht.
