En vísperas de la Cumbre de las Américas, Amnistía Internacional (AI), diversos colectivos de migrantes desaparecidos de Centroamérica y organizaciones como Sin Fronteras condenaron la militarización de las políticas para contener los flujos migratorios en la región; denunciaron el incremento de violaciones a derechos humanos que esto ha propiciado y exigieron la adopción “urgente” de acciones efectivas y duraderas para enfrentar este fenómeno.

Mediante un pronunciamiento, AI destacó que, en el continente con mayores desigualdades en el mundo, las políticas migratorias se han endurecido, aun cuando el incremento del tránsito de personas obedece, en muchos casos, a crisis económicas, de derechos humanos, como en el caso de Venezuela, que ha derivado en la expulsión de 6 millones de personas o violencia en el área.

La organización denunció que tan sólo en 2021, 650 migrantes fallecieron en su intento por cruzar la frontera mexico-estadunidense, la cifra más alta desde 2014. Criticó las políticas migratorias de México y Estados Unidos que permitieron que, con el argumento de medidas sanitarias, en 2021, fueran deportados 1.5 millones de migrantes “de forma sumaria e ilegítima”, entre los cuales se encontraban numerosos menores de edad. Además, México recluyó en confinamiento a 252 mil indocumentados.

AI lamentó que frente al agudizamiento de las causas de migración y “ante la imperiosa necesidad de protección, las autoridades de varios estados estén respondiendo con políticas restrictivas y muchas veces inhumanas, deteniendo a migrantes en condiciones precarias”. Por eso urgió a los jefes de Estado que participarán en la cumbre a adoptar medidas para enfrentar en otras condiciones el fenómeno migratorio.

En otro pronunciamiento, organizaciones como Voces Mesoamericanas, Asylum Access México, Instituto para las Mujeres en Migración, entre otras, alertaron que la consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias obliga a las personas en tránsito “a buscar rutas clandestinas en donde se exponen a múltiples riesgos que incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas, secuestros, corrupción, agresiones sexuales y abusos de autoridad”.

Exigen la adopción de acuerdos en la región para instrumentar políticas más humanitarias y alertan que “estos contextos de riesgo se han magnificado por la adopción de políticas migratorias militarizadas que favorecen escenarios de vulneración de derechos humanos de las personas migrantes. Los impactos del aumento de militares en las fronteras, bajo una política de seguridad nacional, y no bajo la protección de derechos humanos, traerá graves consecuencias a las democracias de la región”.