Entre las múltiples irregularidades detectadas en la administración de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) está el descontrol de sus inventarios.

Las más recientes revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indican que los inventarios de Liconsa, que junto con Diconsa integra Segalmex, ascendían, al 31 de diciembre de 2020, a mil 843 millones de pesos, de los que, en el papel, casi 80 por ciento estaba, sin justificación, en manos de empresas privadas, pero en la realidad no había certeza de ello.

Además, en 2021 se descubrieron en una bodega privada casi 3 millones de envases de 250 ml de leche que Liconsa dejó caducar por falta de supervisión de sus existencias.

En Segalmex, creada a principios del sexenio para garantizar el abasto de alimentos básicos para la población más vulnerable y precios mínimos para los productores, se vive una trama de corrupción que ha derivado en 22 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El presunto fraude, que incluye compras injustificadas, inversiones ilegales de recursos públicos en la bolsa de valores y la asignación directa de contratos multimillonarios a empresas irregulares, podría ascender a 10 mil millones de pesos, según ha publicado este diario.

Una auditoría forense –que busca a detalle actos de corrupción– hecha por la ASF como parte de la revisión de la cuenta pública 2020 detalla que en ese año los inventarios de Liconsa se integraban como sigue: mil 413 millones 887 pesos en existencias en poder de terceros y 429 millones 220 mil pesos bajo el control de la empresa pública.

En reuniones con directivos de Lincosa, la ASF conoció que éstos presuntamente no se percataron de esta situación sino hasta mediados de 2021.

El director de Administración y Finanzas de Segalmex le dijo a la ASF en octubre de ese año que cuando se percató de que la mayoría de los inventarios estaban en poder de terceros solicitó –en junio– un informe al respecto y que entonces se le pidió a cada gerencia estatal de la empresa pública que reporta la existencia de dicho inventario, lo ubicara físicamente y ratificara su valor.

Sin embargo, aceptó que “no se pudo corroborar la existencia de los bienes registrados en el inventario en poder de terceros debido a que los proveedores no estaban constituidos físicamente en los domicilios señalados en la documentación” que tenía Liconsa, según relató a los auditores de la ASF, como consta en los informes de esta última.

De acuerdo con la ASF, Liconsa-Segalmex no cumplió con la ley, pues no proporcionó la documentación que compruebe y justifique los registros por mil 413 millones 887 mil pesos correspondientes al inventario en poder de terceros, que debía estar en las bodegas de empresas como Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV, Comercializadora de Productos Lácteos La Laguna SA de CV.

La ASF inició un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos responsables de este descontrol. También emitió una recomendación para que Liconsa “instruya a las áreas competentes con el fin de contar con los mecanismos de control, supervisión y verificación, que aseguren el control de los inventarios”.