Delitos como el fraude inmobiliario y la usurpación de identidad son muy recurrentes en México debido a la falta de sistemas modernos de registro de propiedades y de catastro, lo que además obstaculiza el cobro adecuado del impuesto predial, cuya recaudación en el país es menor al 50 por ciento de lo que debería ser realmente.
Así lo indicó Griselda Martínez, directora general de Registros y Catastros de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien señaló que el actual gobierno echó a andar un proyecto de modernización registral por más de 79 millones de pesos en las entidades donde existe mayor rezago.
En entrevista con La Jornada, la funcionaria comentó que el ordenamiento territorial es una tarea que descansa en gran medida en la información registral y catastral, pero “desafortunadamente, a lo largo de la historia hemos sido un país que no tiene una cultura patrimonial. Esto lleva a que la información esté desactualizada en muchos casos y eso genera un riesgo, incluso para la propiedad pública”.
Una de las consecuencias de este rezago, alertó Martínez, es la comisión de delitos como fraude inmobiliario, en donde “un día eres propietario y al otro día no”, además del de usurpación de identidad y otorgamiento de escrituras falsas.
Al no haber seguridad y certeza jurídica, no sólo se perjudica la inversión en el sector inmobiliario, sino también a las personas que con mucho esfuerzo logran adquirir una propiedad. “Se genera incertidumbre de a quién le adquieres, a quién le rentas, con quién estás negociando. Las consecuencias pueden ser sumamente graves”.
Aunque hay algunas entidades donde se han logrado avances importantes en la materia –como Coahuila y Querétaro–, todavía sigue habiendo muchas otras en donde el retraso es considerable, porque los registros siguen haciéndose en libros que pueden extraviarse o dañarse, en vez de estar digitalizados. Es el caso de Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo, entre otros estados.
Para abatir el rezago, indicó Martínez, la Sedatu invertirá en 2022 un total de 79 millones 830 mil pesos en la modernización de registros de propiedad y catastros, mientras en 2021 le destinó a este fin 76.9 millones; en 2020, 96.1 millones, y en 2019, 98.5 millones.
Una segunda consecuencia de la falta de registros adecuados es la obstaculización para el cobro de impuestos como el predial y el pago sobre adquisición de bienes inmuebles. En el primer caso, según un estudio de la Secretaría de Hacienda, se obtiene menos de 50 por ciento de lo que debería ser, lo que afecta en particular a los gobiernos municipales y les impide mejorar sus servicios urbanos.
“De ahí es de donde sobreviven los municipios. Tienen su fuente de ingresos ahí mismo: sólo hay que trabajarlo, actualizarlo y hacer estrategias para mejorar el cobro.”
