México es el último país de tránsito migratorio, lo que no es igual que cualquier país de América Latina, que simplemente son países de tránsito. Desde la Patagonia chilena o argentina al río Suchiate, en la frontera con Guatemala, los migrantes pueden atravesar las fronteras sin mayores complicaciones. Los países en turno simplemente los dejan pasar y que se las arregle el siguiente país en la ruta.
Pero al llegar a México, las cosas se complican porque es el final de la ruta para poder llegar a Estados Unidos. Propiamente, México no puede otorgar una visa de tránsito para que los migrantes se dirijan a Estados Unidos, porque los migrantes no tienen visa para entrar a México y menos a Estados Unidos.
Por muchas décadas México operó como cualquier país de tránsito, simplemente dejó pasar y se lavó las manos, no era asunto suyo. Pero todo cambia cuando el flujo se hace masivo y arriban 200 mil migrantes al mes con la intención de llegar a la frontera norte.
La posibilidad de abrir la frontera, recibir a todos los migrantes con los brazos abiertos, darles una credencial con un permiso para transitar o residir por determinado tiempo en el país, como sucedió al comienzo de este sexenio, fue una postura “políticamente correcta” para un determinado público, humanitaria para los migrantes, e incluso se puede calificar de progresista, pero a la vez fue totalmente insostenible, como se demostró en la práctica.
La respuesta a esa política aperturista, promovida por el discurso de López Obrador y aplicada, sin análisis ni precaución, por el Instituto Nacional de Migración, derivó en la amenaza y el chantaje de Trump de imponer aranceles, que hubieran llevado al traste el tratado de libre comercio y de paso la economía mexicana.
La política migratoria de México sobre el tránsito de migrantes depende de lo que hagan otros países y de los acuerdos, negociaciones, amenazas y chantajes por parte de Estados Unidos. En principio, es un asunto de “responsabilidad compartida” con otros países, pero las políticas de contención al tránsito de migrantes no se aplican necesariamente en Panamá, Costa Rica, Guatemala u otros países, aunque formalmente haya ciertos acuerdos. Al final, es asunto de México y Estados Unidos.
En nuestro caso hay varias opciones de política pública con respecto a la migración en tránsito, todas parciales e insuficientes. En primer lugar, dejar pasar, como lo hace Guatemala o cualquier otro país de tránsito, y esta medida funciona en México cuando los flujos son moderados y se ajustan a las políticas estadunidenses. Hace unos meses, llegaron miles de ucranios a Cancún y luego viajaron a la frontera y fueron recibidos amablemente por Estados Unidos. Un caso histórico similar fue el de los cubanos. Hay una selectividad ejercida por el gobierno mexicano que define quién puede transitar libremente de acuerdo con criterios políticos, humanitarios, históricos, coyunturales, raciales y otros.
Una segunda opción es otorgar permisos de salida. El migrante irregular no es deportado, pero se le da un plazo para salir del país por alguna de sus fronteras, lo que en la práctica sería equivalente a una visa de tránsito para ir a Estados Unidos; muchos migrantes buscan esta solución por medio de abogados que tramitan sus casos, los migrantes suelen referirse a este documento como salvoconducto.
Una tercera medida es otorgar visas humanitarias para que los migrantes se queden legalmente en México por un tiempo determinado, hasta que arreglen su situación de manera definitiva, pero muchos de ellos se irán a Estados Unidos. Es una solución que no es inmediata y que requiere de trámites, presiones e incluso manifestaciones y protestas por parte de los migrantes, sería el caso de los haitianos.
En cuarto lugar, se aplican medidas disuasivas, como confinar a los migrantes en determinado lugar o ciudad, lo que sería el caso de Tapachula, donde se obliga a los migrantes a esperar la solución de su trámite, sea éste de refugio o de otro tipo de visa o solución. Para el caso de algunos centroamericanos, esa medida opera como disuasiva y optan por regresar, pero para migrantes de otros lares: haitianos, cubanos, venezolanos y otros, no hay posibilidad de retorno, así que esperan a que se les dé un tipo de solución. Es una olla a presión que finalmente termina en caravana que reclama una solución, en represión o en soluciones coyunturales.
Finalmente, queda la alternativa de la deportación. Lo que no es factible en todos los casos, sea que tienen un trámite pendiente o que es imposible o muy costoso deportarlos. Es el caso de los haitianos, que resultaría inhumano deportarlos a su país de origen y no pueden enviarlos a otro lado. Los trámites de deportación son más factibles en el caso de los centroamericanos, pero también es muy posible que vuelvan a entrar al país de manera irregular.
No hay solución fácil, dada la vecindad con Estados Unidos, la asimetría de poder existente y el contexto geopolítico de México al ser último país de tránsito.
