La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (Femcc) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) han detectado cientos de casos en los que empleados del organismo se coludieron con bufetes de abogados y miembros de Juntas de Conciliación y Arbitraje para que se paguen pensiones que superan entre 17 y 175 por ciento el monto al que legalmente tienen derecho quienes laboraron para el gobierno federal.

El daño patrimonial al Issste se considera multimillonario. Actualmente, al negarse a pagar los laudos que permiten el cobro de las pensiones con montos ilícitos, al instituto le fueron aseguradas cuentas bancarias que suman 800 millones de pesos. A ello se suma que no existe una cuantificación de jubilados que desde 2013 o antes reciben recursos que no corresponden a su salario base, ni cuántos litigios están en curso.

En la revisión de la cuenta pública de 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la existencia de pensiones irregulares obtenidas por personas que radicaban en Tamaulipas, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Baja California, Durango, Morelos, Chiapas y una en Estados Unidos.

En ese contexto, la Femcc solicitó el pasado 17 de mayo ante jueces de control con sede en Coahuila, una audiencia inicial y la imputación a involucrados en más de 40 expedientes de cientos de asuntos detectados como fraude al Issste a través de la tramitación de pensiones por montos ilegales.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) revelaron que un juez de control dio entrada a la carpeta de investigación e inició el proceso penal 53/2022, luego de que el órgano de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara con base en la denuncia interpuesta por el Issste.

La FGR imputa a varios funcionarios del Issste la omisión de brindar una debida defensa al organismo en contra de más de 40 juicios laborales tramitados de 2013 a 2018 ante la Junta Especial número 42, que forma parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

De acuerdo con la información obtenida, el Ministerio Público Federal descubrió que grupos de abogados han establecido alianzas ilegales con empleados del Issste para que no atiendan de manera diligente los litigios laborales y en combinación con funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se dicten sentencias contrarias al organismo, de tal manera que se emiten laudos que son inatacables y obligan al instituto a pagar de manera vitalicia las pensiones de los beneficiarios, quienes, a su vez, entregan a los litigantes un porcentaje de los recursos que obtienen y con ello se “aceita” la red de corrupción.

Jurisprudencia

En abril de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia y determinó que el pago del concepto compensación garantizada no debe incluirse en el cálculo de la pensión.

En 2021 el máximo al que podía tener derecho un pensionado del Issste era de 28 mil 866 pesos.

El año pasado, el director del instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que al organismo se le asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación más de 263 mil millones de pesos para el pago de pensiones, y con ello se garantizó esta prestación para más de un millón 230 mil derechohabientes.

En 2018 la ASF descubrió que en tan sólo 10 casos el pago de la jubilación global por esas pensiones fue de 4 millones 806 mil 600 pesos, cuando se debió cubrir un monto de 2 millones 916 mil 900 pesos.

El problema se amplía al considerar que los pagos de estas pensiones se deben realizar de manera vitalicia para quienes han sido beneficiados.

El Issste fue consultado sobre este caso, pero la respuesta oficial fue: “El asunto está en investigación en la FGR, por acuerdos de confidencialidad, no es posible dar ninguna información”.

Fuentes gubernamentales y del instituto señalaron que “no sorprende” que exista esa problemática con el pago de pensiones por montos superiores a los permitidos por la ley. Las razones, explicaron, son varias, entre ellas que la mitad de los juicios que existen en contra del organismo tienen que ver con los recursos que se pagan a los trabajadores en retiro.

Desde hace varios años, dijeron, se sabe de la existencia de despachos de abogados que se dedican a convencer a los jubilados y pensionados para que interpongan demandas con la finalidad de incrementar sus pensiones con argumentos diversos.

“Los casos se pierden en los juzgados laborales por falta de personal que les dé seguimiento puntual y es posible que exista un tema de corrupción”, indicaron los funcionarios entrevistados.

Otras causas han sido reconocidas por el propio organismo. En el Informe Financiero y Actuarial 2018, el último que incluyó un apartado sobre los Riesgos Institucionales y el programa para hacerles frente, plantea la existencia de “factores de riesgo” en las “sentencias y derechos de petición en materia de pensiones”.

Se refiere a los asuntos que se litigan en tribunales y sobre los cuales se identificó que es insuficiente el seguimiento al cumplimiento de sentencias, así como una inapropiada administración de expedientes pensionarios en los archivos centrales y delegacionales.