El descontrol y la falta de rigor en la administración del sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) provocó un posible daño patrimonial por más de 575 millones de pesos en 2020, la mayor parte por remanentes no devueltos hasta febrero pasado a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Así lo reveló la cuenta pública de ese año de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El dictamen encontró irregularidades y situaciones que dan cuenta del manejo discrecional que durante décadas se dio al presupuesto del Issste, como ha sido el programa para autorizar pensiones de “trato especial”.

Entre las anomalías identificadas destaca la falta de documentación que respalde los pagos que cada mes reciben los trabajadores en retiro, así como una contabilidad deficiente que impide identificar la ruta del dinero, incluidos recursos no utilizados.

De acuerdo con la ASF, el instituto carece de mecanismos eficaces para verificar la sobrevivencia de los trabajadores en retiro. La auditoría reveló que alrededor de 9 mil personas pensionadas tienen 90 años de edad, pero no hay prueba de supervivencia.

Tampoco funciona, como debiera, el proceso de conciliación de datos de actas de defunción y baja de la CURP en el Registro Nacional de Población (Renapo), ni con el padrón de instituciones bancarias a donde se transfieren los pagos de pensiones.

Nómina de “trato especial”

Los auditores también encontraron que de 1989 a la fecha ha existido una nómina de “trato especial”, mediante la cual, en forma inicial, se benefició con pensiones a 5 mil 900 servidores públicos, “cuya salud física o mental les impidan el desarrollo de sus funciones, y para los mayores de 55 años cuyo reconocimiento de antigüedad sea requisito indispensable para pensionarse”.

La “Norma que regula el Programa Pensionario de Trato Especial para el Personal Operativo de la Administración Pública Federal” fue expedida el 6 de febrero de 2002, pero se aplicaba desde 1989 por un “acuerdo de voluntades” y como parte de los programas especiales de la administración pública federal que estaban a cargo de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto.

La ASF encontró que en diciembre de 2021 sólo quedaban 16 pensionados en la citada nómina. Con los expedientes a la vista, corroboró que cumplían con los requisitos señalados en el programa, por lo que no determinó irregularidad alguna. De cualquier manera, la ASF indicó que no es viable la actualización del convenio para continuar ese programa, ya que “sus efectos jurídicos están por extinguirse”.

De ese “trato especial” se benefició desde 1989 a personal operativo de base en el tabulador general de las dependencias del gobierno federal, el personal operativo de confianza y el de enlace hasta el nivel MC07 o equivalente (de director general), conforme al Tabulador de Puestos de Enlace.

También a los que hayan prestado sus servicios mediante el régimen de “lista de raya” y obtuvieron nombramiento definitivo a partir del primero de enero de 1975.

En tanto, sobre el sistema de pensiones y jubilaciones de servidores públicos del país, el Issste reportó al 31 de diciembre de 2020, un millón 233 mil 219 pensionados vigentes, de los cuales un millón 192 mil 331 corresponden al régimen anterior, es decir, su pensión se calcula con base en el sueldo de su último año de trabajo. El resto, 40 mil 888 personas, están en el régimen de cuentas individuales vigente a partir del primero de abril de 2007.

Para cumplir las obligaciones con el primer grupo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfiere los recursos que, para el año revisado por la ASF, ascendieron a 241 mil 330 millones 532 mil 400 pesos. Las anomalías detectadas en la investigación son respecto de este dinero.

Expedientes

Los auditores revisaron 60 expedientes de las delegaciones Puebla, Hidalgo, Ciudad de México Sur y estado de México. En esta última se identificaron anomalías pues cinco carpetas –de 25 requeridas– no se localizaron en un principio.

Hubo corrección en cuatro y del quinto se identificó que se trataba de una pensión de orfandad que debía haber concluido en junio de 2014, pero hasta 2020 se seguía pagando. Sólo en ese año el Issste erogó 733 mil 900 pesos de manera irregular para este caso.

Sobre los recursos pendientes de devolución a la Tesofe, son 469 millones 633 mil pesos de remanentes de 2020 y que al cierre de la auditoría el primero de febrero de 2022 seguían sin entregarse. En parte, esto es resultado de las deficiencias del sistema de contabilidad del instituto.

La ASF también identificó una diferencia de 24 millones 812 mil 200 pesos entre el monto ejercido y el reportado en el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal. El Issste no contó con la documentación para comprobar que ese dinero se destinó al pago de pensiones.

Tampoco pudo justificar el concepto “pagos no efectuados por motivos varios” por 79 millones 839 mil 200 pesos.