La comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México y el Movimiento contra el Despojo de Agua en los Pedregales Coyoacán manifestaron su respaldo al pueblo de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, en su lucha contra la ley en materia de agua aprobada por el Congreso de Querétaro que “impone un saqueo, despojo y la explotación” del recurso en contra de las comunidades.
En un foro realizado en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes –edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que la organización ocupa–, recibieron además un mensaje de Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI), con un llamado a articular las luchas por la defensa del agua de todas las comunidades. Alertó que los gobiernos se valen del poder que tienen para diseñar formas de despojo, poniendo precio a lo que para los pueblos significa la vida.
En mayo anterior, el Congreso estatal, de mayoría panista, aprobó privatizar el servicio de agua a través de operadores que se encargarán de otorgar y cobrar a los ciudadanos la distribución, drenaje y obra hidráulica en los 18 municipios de Querétaro.
Estela Hernández Jiménez, del Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, solicitó a los pueblos originarios solidaridad con su lucha para “cuidar, proteger y salvaguardar nuestro líquido sagrado que es el agua”.
Exigió que las instituciones se pronuncien y promuevan acciones de inconstitucionalidad y a los organismos nacional y local de derechos humanos que den seguimiento a las violaciones cometidas contra su comunidad y a participar como observadores en la movilización que realizarán el 10 de junio en la Comisión Estatal de Aguas Querétaro.
Inconstitucional, la ley recién aprobada
Bernardo Romero Vázquez, del programa universitario de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro, entregó un texto en el que sustenta la inconstitucionalidad de la ley recién aprobada por la legislatura queretana y “en consecuencia viola los derechos humanos de las personas usuarias del agua”.
En Querétaro, colectivos han señalado que las autoridades estatales ignoraron la solicitud que presentaron 30 colectivos, como la de integrar un parlamento abierto para el análisis de la ley de aguas y posteriormente el veto a la ley por parte del gobernador Mauricio Kuri González.
