Ciudad de México. Las pensiones son inmunes a las medidas de austeridad promovidas por la actual administración. En los primeros cuatro meses del año fue uno de los contados rubros cuyo costo incrementó en el comparativo anual, 6.2 por ciento de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); absorbió lo equivalente a 250 por ciento el gasto combinado de los ramos de educación y salud y ya rebasa el monto que irá al programa de adultos mayores en todo el año.

Especialistas en seguridad social y finanzas públicas explican que la reforma aprobada en 2020 palió algunos de los pendientes que se tenían en materia pensionaria y procuró que aumenten los ingresos de la nueva población en retiro. Sin embargo, queda “cortísima” en cuanto a la sostenibilidad fiscal; además, se requieren políticas en educación financiera, atención a la informalidad y crecimiento económico para acompañarla.

Los 385 mil 485 millones de pesos que absorbieron las pensiones entre enero y abril, equivalen a 16.8 por ciento de todo gasto público reportado por la Secretaría de Hacienda en el periodo; el monto supera los intereses y costos por administración de la deuda pública, la inversión en infraestructura y el gasto conjunto en salud y educación, muestran los documentos de la dependencia.

El gasto destinado a las pensiones durante los primeros cuatros meses del año rebasa en 62 por ciento todo el presupuesto contemplado para financiar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM) para 2022.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), consideró que la reforma de 2020 se quedó “cortísima” en atender la presión del gasto en pensiones sobre las finanzas públicas y dejó intacta la “desigualdad impresionante” en el sistema. Si bien es un gasto billonario no garantiza ingresos dignos para la mayoría de la población en retiro.

“Hay pensiones que son muy buenas, pero están concentradas en muy pocos”, se encuentran en los contratos de las empresas energéticas, suscritas como prestaciones laborales y no como esquemas de contribución tripartita a los que están sujetos la mayoría de los trabajadores. La Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y Luz y Fuerza concentran 20 por ciento del gasto público en retiro, pese a que sólo 3 por ciento de los jubilados provienen de esas instituciones, explicó.

Flor Tavera, académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consideró que la reforma de 2020 implica más presiones fiscales para el Estado a cambio de incrementar el retiro a los nuevos pensionados; esto puede aumentar si se siguen encontrando recovecos para subregistrar el salario de los trabajadores o si no mejoran las remuneraciones.

Para acompañar la modificación en materia de pensiones “no se requiere tanto una reforma fiscal, sino políticas públicas que generen crecimiento económico, de tal manera que las empresas creen trabajo con ingresos mayores al salario mínimo, porque si registramos a los trabajadores con una remuneración mínima, la presión es directamente para el Estado. En cambio si los registramos con más, es para el patrón”, abundó.

Macías recalcó que al sumar los requerimientos del sistema y el programa social de transferencias, PBPAM, el gasto público en México está volcado en la atención a los adultos mayores, tendencia que está desplazando recursos para educación y salud, los cuales incluyen como beneficiarios a otros grupos de edad. En esa disyuntiva, subrayó, “se requiere congruencia para financiar los derechos de manera equitativa con base en la población”.