Con un equipo conformado por 30 personas a cargo de un alto mando de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se organizó la red de espionaje contra funcionarios de la actual administración pública, informó la FGJ, al tiempo que dio a conocer la detención de otro ex servidor público involucrado, quien almacenaba y procesaba la información que obtenía.

La Jornada documentó en diciembre de 2018 la existencia de esta red que operaba desde el edificio ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling, en el centro de la ciudad, desde donde se intervenían ilegalmente comunicaciones privadas de personas del ámbito político y de sus familias.

Los responsables elaboraban fichas de identidad, diseñaban rutas y mapas de seguimiento, redes de vínculo, geolocalización y rutinas, además de ejecutar planes político-electorales, los cuales estaban dirigidos por un alto comandante de la entonces procuraduría capitalina, expuso la fiscalía.

Ese funcionario dirigió a un grupo especializado encargado de todas las actividades de espionaje, definía los objetivos y a los personajes a quienes violaría su privacidad.

La FGJ agregó que se realizaban transferencias de recursos en efectivo de la hacienda pública para sostener financieramente la célula, por medio de la cual se preparaban informes de los hallazgos que se hacían sobre la vigilancia de funcionarios y que se entregaban al gobierno central.

El equipo tenía plena disposición de la tecnología operativa de la procuraduría para vigilar las actividades de servidores públicos de todos los niveles de gobierno y que hoy ocupan cargos en la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, Gobierno de la Ciudad de México y de la citada fiscalía.

En seguimiento a la investigación, la madrugada de ayer personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos ejecutó dos cateos a inmuebles en las alcaldías de Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

En el primero detuvo a Jesús Noé, quien contaba con orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de violación de la comunicación privada y peculado. Él almacenó la información del espionaje en memorias USB y realizó presentaciones que entregaba a sus superiores, por lo cual fue trasladado al Reclusorio Norte.

Por separado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en su administración no existe este tipo de prácticas de espionaje, como ocurría en el pasado, con la finalidad de vigilar a políticos y servidores públicos, al tiempo que tampoco se prevé aplicar algún sistema para detectar si alguien revisa los mensajes que envía a los integrantes de su gabinete para la toma de decisiones.

“No creo que se sigan dando esas prácticas, pero si se llegaran a dar, no van a tener nada que encontrar, porque somos transparentes”.