A la fecha se han presentado 22 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la trama de corrupción detectada en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y sus empresas Liconsa y Diconsa, caso que acumula 39 expedientes de investigación, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Estas 22 denuncias han sido interpuestas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la SFP, Segalmex y empresas involucradas, por la presunta comisión de delitos que habrían ocasionado daño patrimonial a Segalmex por alrededor de 10 mil millones de pesos, como ha publicado este diario.
Las irregularidades en esta dependencia creada al inicio del sexenio y adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incluyen compras simuladas, “inversiones” de recursos públicos en valores privados y adjudicación de contratos multimillonarios de manera directa y sin justificación.
De acuerdo con una tarjeta informativa difundida ayer por la SFP luego de que el miércoles se preguntó sobre el tema al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, “en un inicio la FGR abrió 22 carpetas de investigación, de las cuales 15 están en curso y una ya ha sido judicializada, que investiga el uso ilícito de atribuciones y facultades y una persona ex servidora pública fue vinculada a proceso”.
Se trata de René Gavira Segreste, ex director financiero de Segalmex, figura central en los malos manejos que han sido detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la SFP, la cual encabeza Roberto Salcedo Aquino.
A las investigaciones que realiza la FGR se suman 17 expedientes abiertos por la SFP en el ámbito administrativo por medio del órgano interno de control en Segalmex: 10 se encuentran en etapa de investigación, cuatro están en proceso para determinar responsabilidades, dos fueron concluidos por falta de elementos y uno relacionado con faltas no graves tuvo resolución sancionatoria.
La SFP señaló que por medio del órgano interno de control en Segalmex coadyuva en el fortalecimiento de las averiguaciones penales que ejecuta la FGR. Agregó que por su parte continúa la revisión al ejercicio fiscal 2021, para lo cual se programaron 38 actos de fiscalización a programas de abasto rural y de leche y a precios de garantía, así como en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, inventarios y presupuesto de gasto corriente y al desempeño de procesos sustantivos.
“En cumplimiento de los principios de legalidad y presunción de inocencia, la SFP informará de los resultados que arrojen dichas investigaciones en el ámbito administrativo una vez que se concluyan todas las etapas de acuerdo con el debido proceso. En el mismo sentido, en el ámbito penal se seguirá coadyuvando con las autoridades correspondientes.
“Estas acciones forman parte del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024”, indicó la dependencia.
