Caracas. Están a años luz de los buenos tiempos, pero las importaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos crecen en Venezuela. “Enemigos” en las últimas dos décadas, los viejos socios vuelven a hacer negocios impulsados por el sector privado, pese al temor a sanciones.

“Venezuela estuvo desaparecida del mundo de la importación y el mundo de la exportación por un tiempo, pero está retornando”, dice a Afp Luis Vicente García, gerente general de la Cámara de Comercio Venezolano-Estadunidense (Venancham). “Hay un punto de inflexión”.

Las importaciones de alimentos e insumos agrícolas en Venezuela subieron a 2 mil 400 millones de dólares en 2021, 31.2 por ciento más que en 2020, mientras el país caribeño frenó con un tímido crecimiento de siete años consecutivos de recesión en los que el PIB cayó 80 por ciento.

Las compras a Estados Unidos llegaron a 634 millones de dólares, sólo detrás de los 934 millones de las compras a Brasil, según un informe publicado en abril por el Departamento de Agricultura estadunidense. Aunque lejos de los mil 400 millones anuales que se registraban entre 2010 y 2014, la cifra representa 44.8 por ciento más que el año anterior. Tocó piso en 2017: 400 millones.

Son principalmente productos como cereales, pastas, vegetales o frutas procesadas, pero también licores y alimentos para criar animales.

“Las oportunidades para que los exportadores estadunidenses de alimentos y productos agrícolas entren y se expandan en el mercado son cada vez mayores”, expresa el documento. Las importaciones venezolanas, además, se han visto favorecidas por exenciones de aranceles a alimentos desde 2018.

El gobierno de Nicolás Maduro, en el pico de la crisis, culpaba a las sanciones de la escasez de productos básicos que provocaba kilométricas filas en supermercados, denunciando “un bloqueo”.

Estados Unidos no reconoció la relección de Maduro en 2018 y un año después lanzó una batería de sanciones contra el gobierno socialista para provocar su caída, incluido un embargo petrolero.

Antes, entre 2017 y 2018, las sanciones fueron individuales, con congelación de cuentas bancarias y prohibición a ciudadanos y empresas estadunidenses de hacer negocios con decenas de funcionarios venezolanos.

El intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos bordeó 38 mil millones de dólares en 2008, según la Venamcham, en tiempos en que el país norteamericano era el mejor cliente del crudo venezolano. Fue de mil 955 millones de dólares en 2021, pero la caída libre paró.

De hecho, Venamcham reporta que el intercambio sigue aumentando: trepó 27.72 por ciento en el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año anterior.

Apertura estatal

La flexibilización en el control de cambios ha sido decisiva, así como el impulso al consumo que traen las remesas, que según estimaciones privadas oscilan entre 2 mil 500 y 3 mil millones de dólares anuales, provenientes de millones de migrantes que huyeron de la crisis.

El gobierno, que prácticamente monopolizaba las importaciones alimenticias, abrió las puertas a privados por sus problemas de flujo de caja. “Quizás hace dos o tres años (el gobierno) le dice a la empresa privada: ahora tú eres la que va a importar”, subraya García.

El 17 de mayo, la administración de Joe Biden anunció la flexibilización de ciertas sanciones para promover negociaciones entre Maduro y la oposición, suspendidas desde octubre pasado.

Las importaciones son vitales para Venezuela, cuya producción cubre 50 por ciento del consumo de maíz blanco –base de la alimentación de los venezolanos– y 45 por ciento del de arroz, según la gremial de productores Fedeagro.

“Cuando vinieron las sanciones (...), hubo una reacción: yo no voy a participar en ese mercado”, recuerda García. Y pese a que alimentos y medicinas han estado exceptuados de las sanciones, el miedo a la represalias fue un obstáculo.

La banca era reflejo de esos temores. “El banco decía: ‘yo a Venezuela o a venezolanos no le voy a permitir esa transferencia’ (...)”. Hubo intervención del gobierno para aclarar estos temas, relata García. “Hay todavía casos de sobrecumplimiento, pero cada vez son menos”.