Ciudad de México. América Latina vive una crisis educativa “sin precedentes”. A dos años de los cierres de escuelas por el inicio de la pandemia, no todos los niños, niñas y adolescentes han vuelto y quienes lo han hecho muestran un rezago de entre 12 y 20 meses en el aprendizaje, advirtieron organizaciones internacionales, al tiempo que exhortaron a los gobiernos de la región a mantener abiertos los centros educativos frente a nuevas olas de la covid-19.

En los países latinoamericanos se dio uno de los cierres de escuelas más prolongados en el mundo, lo que afectó a 170 millones de infantes y adolescentes que cursan educación básica; a dos años, “la crisis educativa no ha terminado, sólo se ha vuelto menos visible”, enfatizaron el Banco Mundial, el Diálogo Interamericano, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“De no tomarse acciones urgentes, inmediatas y firmes para la recuperación educativa, millones de estudiantes en toda la región están en riesgo de abandonar la escuela por no tener el nivel de aprendizaje suficiente para seguir con sus estudios. Una generación entera podría sufrir consecuencias profundas y duraderas a nivel educativo, social y económico”, alertaron.

Al menos cuatro gobiernos de América Latina —Chile, Ecuador, Argentina y Honduras— respondieron a la convocatoria de la organizaciones para, entre otras medidas, mantener las escuelas abiertas frente a nuevas olas de la covid-19. El objetivo es integrar a todos los niños y niñas que abandonaron la escuela y asegurar que permanezcan en ella.

También se pondrán en marcha estrategias para localizar a estudiantes fuera de la escuela e invitarles a reintegrarse; se establecerán sistemas de alerta temprana para identificar a aquellos en riesgo de abandono; y se les apoyará para que permanezcan en ella.

Además de garantizar un adecuado financiamiento del sector y contar con suficientes funcionarios públicos en todo el rubro educativo, “desde las aulas hasta los ministerios”; diagnosticar, acompañar y monitorear la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa y reforzar las competencias pedagógicas y digitales de los docentes, entre otras medidas.

Las organizaciones recalcaron que se requiere un “renovado compromiso político y financiero, y a realizar acciones concretas ahora para evitar una catástrofe generacional”.