En América Latina, la única constitución que define el régimen socioecónomico que funda y norma su vida productiva, pública, social y cultural es la de Cuba. En el artículo 1 establece: “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos”.
Siempre me he preguntado por qué ninguno de los demás países en América se asume a partir de lo que es su base económica y social, es decir, por qué ninguno se define capitalista en su constitución. Usualmente, los términos constitucionales para definir su régimen son los de libre, soberano, republicano, democrático, representativo, federal o unitario. Estos términos, lo hemos visto, son relativos e inexistentes en ciertas coyunturas. Pensemos en las dictaduras militares: en ellas desaparecen esas definiciones y son sustituidas por las rudas órdenes de quienes se hacen del poder por la vía de las armas. Sin embargo, lo que no desaparece ni se altera en lo fundamental es la producción. Trabajadores y empresarios continúan sin mayores cambios: unos perciben un salario y otros las ganancias. Su actividad es entonces lo central en todos los países cuyas relaciones entre ellos son definidas por el capital. Esas relaciones determinan el funcionamiento y contenido de las demás actividades e instituciones de la sociedad.
Por qué, pues, esa omisión que se extiende a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Mi hipótesis es que se debe a un sentimiento vergonzante por la desigualdad espontánea que segrega el régimen capitalista y a una estrategia de defensa del Estado que privilegia a sus detentadores. Con leyes y diversas prácticas se trata de disimular este privilegio y de que se lo vea como algo natural. La simulación y la necesidad de controlar al proletariado para que no se oponga a la desigualdad se han acentuado, precisamente, en las décadas del llamado neoliberalismo.
Hay lugares en que esa desigualdad se vuelve más odiosa. Uno de ellos es el estado de Nuevo León, en México. Su plutocracia está inconforme con las políticas módicamente niveladoras del actual gobierno realizadas –lo que les parece insultante– bajo el lema de “primero los pobres”. Y las han combatido llamándolas populistas. Como si algún país capitalista pudiera sobrevivir sin ellas. En México se tornan más visibles a causa del saldo ruinoso que dejó el populismo empresarial. A este tipo de populismo aspira hoy la oposición, alimentada y financiada por la plutocracia, cuyo epicentro es la fracción sampetrino-regiomontana, tal como se puede constatar en los medios de mayor cobertura encabezados por el eje El Norte-Reforma.
El populismo empresarial creció en México desde que el gobierno privatizó los recursos del boom petrolero; siguió con las empresas administradas por él y coronó su embate a la gran mayoría convirtiendo en deuda pública los pasivos de los bancos: el “rescate”a través del Fobaproa y el Ipab.
Ahora, las bancadas de PRI y PAN –mayoría en el Congreso de Nuevo León– promueven una ley que convierta a las empresas en receptoras de un rescate similar destinado a emergencias. Una de esas emergencias puede ser, según la iniciativa, que los trabajadores de una empresa se declaren en huelga. Al fondo se destinaría 0.5 del presupuesto anual: ahora unos 600 millones de pesos que, si no se ejercen o se ejercen parcialmente, irían a parar a un fideicomiso. También se crearía un consejo integrado por autoridades y representantes de los organismos empresariales. Los trabajadores, que son los productores directos, no entran en el esquema.
Al bipartidismo tradicional, PAN-PRI, se sumaría la creciente bancada del MC hacia la cual se están incorporando alcaldes y diputados provenientes de esos partidos.
Tal ley sería una de tantas muestras de la vocación de la privatización del hemisferio público del Estado. La diputada morenista Jessica Martínez ha escrito: “Mientras a los ciudadanos les aumentan predial, el refrendo, el agua y el transporte, a las empresas se les intenta crear un fondo para su propio rescate” ( El Porvenir, 26/5/22).
Desde la legalidad electoral hasta la distribución abusona del agua y su uso político, el comentario es escoltado por la conclusión: los ricos son primero.
A diferencia de la ley federal electoral, donde el financiamiento de los particulares a las campañas políticas no debe superar al de origen público, la de Nuevo León pasa por alto esa disposición. Así, en pasadas elecciones el PAN ha podido captar, con aportaciones particulares, hasta siete veces más lo que le toca del financiamiento público.
Ante los severos recortes de agua a las colonias pobres, reapareció una práctica priísta con los colores de MC: una diputada de este partido gestionó la presencia de pipas en esas colonias para “salvar” a sus futuros votantes del apremio.
Si en un régimen capitalista todo converge para mantener la desigualdad en favor de los capitalistas de mayor tamaño, en Nuevo León esplende la idea de que la libertad y la democracia –vacuos sonsonetes empresariales– nada tienen que ver con la igualdad ni la justicia.
