La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para tipificar como delito las lesiones causadas a mujeres con ácido o sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, que además del daño físico provocan terror y sometimiento.

El órgano legislativo aceptó los cambios que el Senado realizó a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir los conceptos de sustancias cáusticas, irritantes o inflamables, para ampliar así las sanciones a los ataques contra ellas con esos agentes químicos.

Destacó que esa violencia se ejerce para dañar y afectar a una mujer, al destruirle su estado físico, sicológico y laboral, y ante ello es deber del Congreso tutelar la salvaguarda de la vida, la salud y el honor, así como el derecho al pleno desarrollo de la personalidad del sector femenino.

Advierte que los ataques con sustancias dejan “huella en las víctimas, y en algunas ocasiones es de por vida, dependiendo de las lesiones que los agentes químicos provocaron”.

Manifestó la urgencia de legislar en la materia, pues las agresiones con químicos contra las mujeres son más recurrentes, y es necesario prevenirlas por medio de una “adecuada legislación que imponga penas más severas, pero que también concientice a la población de que esas acciones son tan atroces que no pueden permitirse”.

El dictamen subraya que los ataques con químicos y sustancias similares constituyen un “acto de sometimiento y terror, que no van dirigidos sólo contra la víctima, sino contra todos los que comparten la vida cotidiana con ella”.

Aparte, la Secretaría de Gobernación informó que desde julio de 2021, la saxofonista María Elena Ríos es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “por lo que contó con un esquema de salvaguarda en la Ciudad de México y Oaxaca”; esta semana la junta del mecanismo confirmó la custodia sólo para la segunda entidad federativa.

La protección que recibe es por su actividad como defensora de garantías fundamentales, “no por su situación como víctima del delito, la cual debe ser valorada por las autoridades de procuración y administración de justicia estatales en el ámbito de sus competencias, para así determinar lo conducente”, precisó.

La saxofonista, violentada con ácido hace más de dos años, acudió el martes a Palacio Nacional para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.