Santiago. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció ayer que solicitó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, la mediación del organismo para facilitar un proceso de diálogo que conduzca a la reparación de la deuda histórica del Estado con los pueblos originarios, particularmente con los mapuches.

“El único camino para iniciar la superación de los conflictos es generar acuerdos que respondan adecuadamente a las deudas históricas del Estado con los pueblos indígenas. Impulsaremos parlamentos territoriales que reconozcan a las autoridades e instituciones propias, respetando protocolos indígenas y siguiendo estándares internacionales, con el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas”, dijo Boric al hablar ante el Congreso Nacional, en su primera cuenta pública, a poco menos de tres meses de haber asumido el cargo, un discurso que fue sobre todo un recuento de desafíos y una hoja de ruta.

“Sabemos que la restitución de las tierras es una de las demandas más sentidas por los pueblos indígenas. Estamos diseñando, con responsabilidad, una propuesta que nos permita resolver esta situación y que involucre a todos los actores de la zona”, afirmó.

Tuvo palabras y compromisos con otros pueblos originarios, entre ellos los rapa nui, los aymara y los kawésqar, comprometiéndose a crear el Ministerio de Pueblos Indígenas.

Al hacer referencia a los parlamentos que hubo a mitad del siglo XIX entre la nación mapuche y el naciente Estado de Chile, declaró que ese antecedente “puede guiar nuestro nuevo esfuerzo por lograr un entendimiento profundo entre la República y los pueblos que la habitan, y no cejaré en esfuerzos para avanzar por este camino”.

Legítima desconfianza tras siglos de despojo

Pero admitió que “existe una legítima desconfianza” tras siglos de despojo y marginalidad, por lo cual “debemos ser conscientes de que este entendimiento tomará tiempo”, y agregó que la forma de resolver el conflicto es “el diálogo, la observancia de la ley, el respeto bidireccional y el estado de derecho que como presidente tengo el deber de hacer valer”.

En otros aspectos de su discurso, y reconociendo la crisis de seguridad pública y la oleada delictual que soporta Chile, comprometió el pronto anuncio de una Política Nacional Contra el Crimen Organizado que incluirá una legislación para aumentar la efectividad de la persecución penal, un plan para el control y fiscalización del comercio ilícito y callejero, un proyecto de ley para modernizar la inteligencia del Estado y otro para la prohibición total de tenencia de armas en manos de particulares.

Dijo que habrá “una reforma integral al sistema de salud”, para lo cual “presentaremos un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud”, con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares.

Reconoció la “emergencia habitacional” con un déficit estimado de 700 mil viviendas, que comenzará a enfrentarse con la construcción de 65 mil casas dignas anuales, para llegar a 260 mil entregadas en los cuatro años de su gobierno.