Buenos Aires, Arg. El anuncio de que el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina, Fernández de Kirchner, encabezarán mañana la celebración de los cien años de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en un acto público creó expectativa, ya que hacía tiempo no han estado juntos en apariciones públicas, mientras el gobierno del Frente de Todos (peronismo) enfrenta los embates de una ultraderecha que promete privatizar nuevamente la empresa petrolera, Aerolíneas Argentinas y otras, contando con la impunidad que parece asegurarles la Corte Suprema de Justicia.

Durante su gobierno, Mauricio Macri (2015-2019) comenzó a llenar los juzgados de causas falsificadas, que se van cayendo por faltas de pruebas, lo que permitió una persecución política que hasta hoy continúa en los medios de prensa de ese poder, y especialmente en la justicia, que instaló una mesa judicial, que sigue actuando.

El ex presidente de la Corte Carlos Rosenkratz, que impuso Macri en 2016, junto con el actual presidente de esa institución judicial, Horacio Daniel Rosatti, que también preside por impulso propio el Consejo de la Magistratura, hoy están en la mira de la justicia. La Corte sigue funcionando con cuatro jueces.

Desde distintos sectores del oficialismo, de agrupaciones de abogados, juristas, sindicalistas y otros se pide juicio político para Rosencratz, quien en una conferencia en la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile dijo que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”, una evidente respuesta a una frase de Eva Perón, que aún escriben en las paredes los obreros y estudiantes y que dice “de cada necesidad nace un derecho”.

Esto fue tomado como una enorme ofensa a la figura de Evita del vicepresidente de la Corte, quien que manifestó su abierto antiperonismo lo que es indebido en su cargo, sino que al hablar del “populismo” negó las enormes desigualdades, rescatando el individualismo más grosero, y sosteniendo que hay que pensar en “el costo de las transformaciones y de cada derecho,” cuando aquí está instalado un debate profundo sobre el tema que plantea el peronismo de la distribución de la riqueza y la oposición defendiendo el proyecto neoliberal que llevó a este país a la mayor crisis de su historia.

Precisamente este jueves llegaron a Buenos Aires 17 gobernadores provinciales a protestar por el accionar de la Corte Suprema, cuando esta debe resolver sobre la demanda del gobierno porteño por fondos coparticipables para seguridad y por el reparto inequitativo de recursos presentando un proyecto de ampliación de esa institución judicial para que alcance a las provincias, tan olvidadas en esta situación.

La Corte en los últimos tiempos ha fallado no sólo en favor de la solicitud del gobierno opositor de la Ciudad de Buenos, sino respondiendo a las presiones de la “mesa judicial” que trata de interferir en todas las causas que se le abren a Macri y sus funcionarios.

Un juez decidió en un juicio abierto contra los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos,que fueran sobreseídos a pesar de que estaban denunciados por sus constantes visitas a Macri (18 en total) en la residencia presidencial, encuentros que se producían un día o dos días antes de que apareciera una de las tantas causas falsas contra Fernández de Kirchner y sus funcionarios.

Pero la fiscal Alejandra Mángano a determinó que era un fallo “prematuro” desvincular a los jueces y al ex presidente. El tema deberá ser revisado por la Cámara Federal porteña, donde Macri y sus aliados tienen la puerta grande abierta.

También determinó que no había suficientes datos, aunque se habían entregado las pruebas contundentes de los documentos oficiales que mostraban la cercana amistad y unas 18 visitas de Brinsky y Hornos a Macri, coincidiendo con las nuevas causas que se creaban contra la ex presidenta y sus ex funcionarios.

Así estaban logrando cerrar causas que son investigadas, y entre otros escenarios de injusticia, el permitir a Macri, salir del país para viajar a distintos lugares del mundo, estando acusado y procesado, contrastando esta actitud con uno de los sucesos más dramáticos, como fue impedir la salida del país del ex canciller Héctor Timerman, que debía terminar su tratamiento por un cáncer en el hígado en Estados Unidos, lo que adelantó su muerte.

De la misma manera sucedía cada vez que la ex presidenta viajaba a Cuba para visitar a su hija Florencia, sometida en la isla a un tratatmeinto médico, y debía pasar por distintos juzgados y lo mismo cualquiera de sus ex funcionarios.

En estos momentos la jueza federal María Servini, dictó el sobreseimiento de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y del juez Juan Pablo Augé por la supuesta filtración de datos durante la investigación del espionaje a Fernández de Kirchner y de las operaciones de los agentes de inteligencia que actuaron ilegalmente.

Macri, en la mira

Este es un fallo muy importante, mientras ayer se abrió un juicio contra la empresa Socma de la familia Macri, que dará que hablar porque también el ex presidente fue denunciado por su hermano menor, por haberlo excluido de sus derechos. La guerra judicial a la que se agrega un guerra económica, de los monopolios locales llevan a una situación crítica al país y en estos momentos la recomposición de la unidad del oficialismo es de vital importancia como el cumplimiento de los programas anunciados por el gobierno.