Días atrás, la Comisión Reguladora de Energía le impuso una “sanción económica” superior a 9 mil millones de pesos por la venta ilegal de electricidad disfrazada de “autoabasto”; ahora se hace público que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anda tras sus huesitos por “irregularidades” (léase evasión) en el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado en el bienio 2017-2018, el último de Enrique Peña Nieto. De pilón, en España la Audiencia Nacional desempolvó un proceso penal en su contra por “la manipulación sistemática del precio de la energía eléctrica” en detrimento de los consumidores, que han sido permanente y vilmente atracados por el corporativo, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, también cosecha medallas entre la justicia de su país natal, pues ha sido acusado de espionaje, amenazas y coacción.

¿De quién se trata? No hay que rascar mucho: Iberdrola, la trasnacional española que en México como en España, y gracias a las “cortesías” del régimen neoliberal de aquí y de allá (jueces incluidos), ha cometido cualquier cantidad de ilícitos y un titipuchal de enjuagues con el poder político para lograr su objetivo: incrementar sus ganancias sustancialmente al costo que sea, el cual, desde luego, de inmediato traslada a consumidores y erario.

Lo mejor del caso es que la propia trasnacional reconoce (informe financiero anual, de acuerdo con lo publicado por La Jornada, bajo la firma de Alejandro Alegría, en lo que califica de “revisiones por parte de la administración tributaria local”) que el SAT está tras ella y que no tendrá más remedio que atender los requerimientos de la institución a cargo de Raquel Buenrostro, la funcionaria que ya ha “convencido” a un buen número de corporativos evasores para que pasen a la caja registradora de ese organismo público.

Por ejemplo, eso es lo que han hecho Walmart, Femsa (Coca-Cola y Oxxo), BBVA, Grupo Modelo, América Móvil, Grupo Bailleres, Televisa, (tarde que temprano) las empresas de Ricardo Salinas Pliego y contando.

Por el lado de la venta ilegal de energía eléctrica, la autoridad ha sido puntual: la Comisión Federal de Electricidad tiene identificadas a 239 centrales de “autoabasto” (generación para satisfacer las necesidades de una empresa, una sola, la que cuenta con el permiso); de ellas, 110 (46 por ciento del total, aunque puede haber más) proceden de manera fraudulenta, en detrimento del erario nacional, y en este jugoso negocio ilegal Iberdrola descaradamente lleva la voz cantante, con “socios” que en realidad son clientes.

Por una mera casualidad del régimen neoliberal, esos clientes disfrazados de “socios” son prácticamente los mismos que ya pasaron –no por gusto ni responsabilidad, desde luego– por la caja registradora del SAT: Oxxo, Telmex, Grupo México, Walmart, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Grupo México, Cementos Mexicanos, Grupo Bimbo, Kimberly Clark y muchos más, que son subsidiados por las arcas nacionales.

Hasta ahora, “Iberdrola, así como su filial en México, no se han pronunciado”, pero ya que asegura que en eso del “autoabasto” los citados son “socios” y no clientes, la trasnacional española bien puede pedir coperacha, hacer una vaquita, pasar la charola entre ellos –al estilo salinista– para pagar la “sanción económica” impuesta por la Comisión Reguladora de Energía y los impuestos “olvidados”.

Iberdrola no es la única, pero sí la reina del festín. Es la principal participante en el negocio ilegal del “autoabasto”, amén de que posee las mayores centrales de generación y su equipo de asesores participó activa y decididamente en el armado de la reforma peñanietista de 2013.

Entonces, sólo queda revocar los permisos a Iberdrola y que los atracadores regresen a su tierra, en donde, al parecer, los recibirán con la rejas abiertas.

Las rebanadas del pastel

Siempre con la mano extendida, para 2023 el INE solicita un presupuesto de 14 mil 612 millones de pesos, dado “el impacto inflacionario en los seis años recientes de 30 por ciento”. En realidad, la inflación acumulada en ese periodo es de 29 por ciento (hasta abril; el dato es del Inegi) y su exigencia implica un aumento cercano a 34 por ciento. Pero para dar una idea de qué se quiere comer Lencho y su pandilla, dicho monto equivale a 4.5 veces el presupuesto de 2022 del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, o cuatro tantos el correspondiente a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. De plano, no tienen llenadera.