Después de cinco horas de bloquear avenida Cuauhtémoc y otras vialidades, además del cierre de 25 mercados y la interrupción del servicio de la línea 3 del Metrobús –de Etiopía al pueblo de Santa Cruz Atoyac–, locatarios de diversos centros de abasto se retiraron de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), tras llegar a un acuerdo con su titular, Fadlala Akabani, para que se suspenda la normatividad que regula su funcionamiento, la cual fue publicada el 20 de mayo en la Gaceta Oficial.

En medio de la protesta, los manifestantes trataron de entrar por la fuerza al edificio de la dependencia y aventaron agua a Akabani, quien salió de sus oficinas para atenderlos; sin embargo, los locatarios se deslindaron de esa acción y la atribuyeron a infiltrados.

Los quejosos rechazan la norma “porque da más poder a los administradores para reportar, sancionar y hasta iniciar procesos de cancelación de cédulas”; asimismo, las nuevas disposiciones obligaban a que haya una comisión única de enlace entre la autoridad y los comerciantes, “lo que viola el derecho constitucional de la libertad de asociación”.

Los comerciantes afirmaron que se viola el derecho de audiencia al nombrar una comisión única de enlace y criticaron que también se obligue a pedir un permiso por 90 días a la administración “si un familiar o una persona diferente al titular de la cédula presta el servicio, lo cual provocará corrupción en las alcaldías para obtener los permisos, ya que hay opacidad y lentitud en los procesos, ya que para agilizarlos piden dinero”.

Agregaron que “Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Cuauhtémoc encabezan la lista de alcaldías con funcionarios denunciados ante la Fiscalía General de Justicia y la Contraloría por casos de corrupción y extorsión”.

De la misma manera, protestaron porque “sin importar que venimos de una pandemia se han iniciado procesos de cancelación de cédulas a puestos inactivos”.

Después del diálogo que Akabani tuvo con los representantes, se firmó una minuta en la que se establece que las normas para el funcionamiento de mercados públicos serán suspendidas hasta su adecuación, por lo que se realizarán mesas de trabajo con representantes de los centros de abasto en las que se definirán los ajustes de mutuo acuerdo.

Finalmente, la Sedeco presentará una propuesta de ley para clasificar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, en su caso, sancionar las omisiones a las obligaciones legales correspondientes en materia de mercados públicos.