Miguel Ángel N, quien se desempeñó como encargado de la jefatura de la unidad departamental de compra de bienes especializados de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuando su titular era Raymundo Collins, fue aprehendido por su presunta participación en uso ilegal de atribuciones y facultades.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, el 1º de octubre de 2018 presuntamente autorizó a que se hiciera una adjudicación directa con una empresa que no estaba registrada en el padrón de proveedores de la administración capitalina.
En la administración del entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, el funcionario presuntamente incurrió en ilegalidad, toda vez que al no estar dado de alta dicho corporativo no se podía efectuar con él ninguna contratación, lo que llevó también a dos emplazamientos por edicto a Collins como “presunto responsable del desvío de recursos públicos de esa dependencia”.
Dicha falta administrativa, calificada como grave, fue por autorizar con su firma “la justificación” para asignar 5 millones 200 mil pesos tanto a Ebra Estrategias Financieras SA de CV y a Consultores Integrales Oyinkan SA de CV para la prestación de diversos servicios, cuando no estaban inscritos en el padrón de proveedores.
La dirigencia local de Morena, a cargo de Tomás Pliego Calvo, llamó a las autoridades a agilizar las investigaciones y en su caso castigar a todos los funcionarios de primer nivel, incluido el propio ex jefe de Gobierno, quienes supuestamente ayudaron a desviar 300 millones de pesos en efectivo a la campaña de Alejandra Barrales en 2018.
Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de Justicia agilice las investigaciones contra Miguel Ángel Vásquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, quien señaló a alcaldes panistas y perredistas de recibir millones de pesos para las campañas electorales, incluido al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. “De ser ciertas las acusaciones todos los implicados deben enfrentar a la justicia”.
