Si los tres niveles de gobierno siguen sin reanudar las mesas de negociación para el retorno de las familias desplazadas de la comunidad indígena de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, serán estas últimas las que próximamente intenten un regreso “independiente”, en el que las autoridades serán las responsables de cualquier problema de seguridad que pueda surgir.

Así lo indicó Isabel Martínez, integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi), quien lamentó que, tras la cancelación del retorno que iba a darse el pasado 15 de mayo, el gobierno oaxaqueño saliente dejó “olvidado” el tema.

Como informó este diario, el Multi dio a conocer un pronunciamiento en días recientes en el que llamó a las diversas instancias involucradas en el caso a retomar cuanto antes los contactos para definir una nueva fecha para el retorno de las 143 familias indígenas triquis que permanecen desplazadas de Tierra Blanca, Copala, desde diciembre de 2020.

Pese al exhorto, “realmente no hay ningún avance. En el estado de Oaxaca están centrados en el tema de las elecciones del 5 de junio. A simple vista, el gobierno actual quiere dejar el asunto a la siguiente administración, porque no hay respuesta de ellos, pero tampoco del gobierno federal”.

Si ninguna autoridad se compromete a resolver el conflicto y permitir el regreso de los desplazados, “será el pueblo quien decida cuál sería el siguiente paso. Vamos a encaminar una caravana independiente de retorno, porque el Estado mexicano no lo ha hecho. Ya se está trabajando en eso, pero no tenemos una fecha que podamos confirmar”.

En tanto, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) exhortó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a “materializar” la reforma constitucional de pueblos indígenas que se le presentó hace ya 10 meses al mandatario federal sin que hasta el momento se haya aprobado.

En un comunicado, el organismo –que integra a diversos colectivos y comunidades indígenas del país– resaltó que, de acuerdo con un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los pueblos originarios siguen enfrentando obstáculos “debido a limitaciones en los marcos jurídicos nacionales respecto a su identificación como pueblos diferenciados”.