Agrupé el análisis en cuatro apartados. Ahora revisaré las propuestas sobre el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes contenidas en la iniciativa de reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes abordé los temas de sistema electoral y representación política.
El sistema de partidos políticos fue instituido con las reformas constitucionales realizadas entre 1990 y 1996, tras las polémicas elecciones de 1988, de lo que se conoce como “la caída del sistema” o “el sistema se calló”.
El modelo de registro condicionado (vigente hasta 1996) y el de registro definitivo para ser partido político en México, como hoy se asienta en la Constitución, surge en 1977 por la reforma aprobada y la promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
Los argumentos para instituir el sistema de partidos sustantivo fueron: garantizar una pluralidad política mínima y anular los riesgos de candidaturas únicas para la Presidencia, como fue en 1976.
Un primer cambio tiene que ver con la vida interna de los partidos, una protección o limitación a la impartición de justicia a las decisiones partidarias. Se limita a los tribunales electorales a sólo revisar y condenar por violaciones a la normativa interna de esas organizaciones o por derechos de los ciudadanos. Se prohíbe a los juzgadores intervenir y nombrar dirigencias y candidaturas.
Limitación que podría afectar el acceso a la justicia. Las violaciones a la normativa interna tienen relación directa con derechos políticos ligados al nombramiento de dirigentes en todos los niveles y a la elección de candidatos a los puestos de elección popular.
Esta limitación constitucional puede derivar en la transgresión mayor de estos derechos. Habrá que esperar cómo queda la ley secundaria, de aprobarse esta incorporación constitucional.
Un segundo aspecto que se propone enmendar versa sobre el financiamiento público a los partidos. Hoy el subsidio público es preponderante sobre el de carácter privado, el cual está limitado y tasado en la ley electoral en 2 por ciento de la subvención pública, en años no electorales, y de 10 por ciento cuando hay campañas electorales.
La iniciativa establece que para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos provengan de fondos privados; la norma vigente previene que deben recibir financiamiento público en forma preponderante sobre el privado.
Para 2022 los partidos, en el ámbito público federal, recibirán 5 mil 82 millones 851 mil 704 pesos.
Esta financiación se entrega en forma anual a los partidos conforme a la fórmula constitucional comentada. La reforma propone eliminar este financiamiento público y que los partidos busquen alternativas para obtener recursos privados para su operación.
Sobre la subvención de las campañas electorales y de cualquier acto que tenga como propósito obtener el voto de la ciudadanía, se sostiene la preponderancia de la obtención de fondos públicos sobre los privados. Esto garantiza un mínimo de equidad económica entre las candidaturas.
En las campañas presidenciales se considera el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral multiplicados por la UMA. El monto de financiamiento de las campañas en 2024 podría ascender a casi 9 mil millones de pesos.
Para las elecciones intermedias significarían 6 mil millones de pesos, dependiendo de los empadronados en 2027.
La fórmula propuesta considera la unidad de medida y actualización en lugar del salario mínimo. La reducción al financiamiento público tanto ordinario como de campaña sería superior a 50 por ciento, según los empadronados, es decir, por cada trienio la cifra podría implicar un ahorro mayor a 57 por ciento de lo que hoy ordena la Constitución.
El adaptar un régimen de subsidio híbrido, entre público y privado, en proporciones de 50 por ciento para cada fuente es un avance del sistema democrático. Abrir las puertas al financiamiento privado es un derecho fundamental en las democracias, en el que los grupos ideológicos pueden subsidiar a sus organizaciones políticas.
Esta medida de apertura puede acompañarse de una serie de mecanismos de control, verificación y sanción, tanto administrativa como penal, de aportaciones indebidas o desconocidas al sostenimiento de las actividades permanentes de los partidos.
Un cambio relevante sobre comunicación política es la reducción del tiempo fiscal de radio y televisión del Estado mexicano para la trasmisión de los espots de los partidos políticos para difundir su propaganda electoral.
La iniciativa del Presidente propone otorgar 30 minutos por cada canal de Tv o estación de radio, dentro de los procesos electorales y 12 por ciento del tiempo del Estado en los dos años previos al de las elecciones federales. Esto contribuye a la disminución de la exagerada “espotización” que se ha presentado en las elecciones de 2009 a la fecha, en 37 por ciento.
La iniciativa plantea estandarizar el tiempo de las campañas electorales en el país, en elecciones presidenciales, 90 días; senadurías y gubernaturas, 65; diputaciones federales, 60; congresos locales y ayuntamientos, 45.
Uno de los temas más complejos del sistema político, desde su regulación en 2012 y 2014, es el de las candidaturas independientes, por la inequidad que ha generado el monto minoritario de financiamiento público y el tiempo disminuido de radio y Tv que se ha proporcionado de 2015 a 2021, resultando una falta de competitividad entre éstas y las de los partidos.
La iniciativa les otorga un trato más igualitario en la referencia de su inclusión para gozar de ambas prerrogativas, pero no termina de definir si tendrán acceso a 70 por ciento de ambas prerrogativas reservado para distribuirse a los partidos conforme al porcentaje de votos obtenidos.
Generar mayor equidad entre candidaturas independientes y del sistema de los partidos, considerando que en las campañas electorales, el financiamiento público gozaría de preponderancia sobre los de origen privado, debe ser uno de los retos del Congreso mexicano en su discusión y probable aprobación.
Ello acercaría más a los partidos con los ciudadanos en las decisiones sobre los temas del interés de todos. Aunado a la probable autoconsideración de los partidos de disminuir a la mitad el financiamiento público que reciben.
