No sólo deben enfrentar el dolor de perder a sus hijos, que fueron secuestrados por el padre, también han padecido porque sus maridos o ex maridos, por ser influyentes, evitan que recuperen a los niños y, además, que la justicia se vuelva en su contra y sean enjuiciadas.

Son los casos de un empresario allegado al gobernador de Durango, un líder sindical, un ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, alguien cercano al juez de la causa, y hasta un senador de Movimiento Ciudadano, que no sólo sustrajeron del hogar materno a los hijos, sino que con total impunidad han hecho “vivir verdaderos calvarios” a las madres, víctimas de violencia vicaria que sufren una angustia permanente porque algunos de los padres incluso han abusado sexualmente de los menores secuestrados, advierte Frida Gómez, del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.

Un grupo de víctimas expusieron sus casos en el Senado de la República. Mónica Peyró narró “el viacrucis” que ella y su familia han vivido desde que, en 2019, solicitó el divorcio a su esposo, un empresario constructor que cuenta con todo el apoyo del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, para quien trabaja desde hace años.

Éste decidió llevarse a sus dos hijas, entonces de tres y cuatro años, “con el consentimiento y colaboración de las instancias gubernamentales de Durango, como el DIF, la Procuraduría de la Protección para Niños y Niñas, la Fiscalía del Estado y el Juzgado Familiar. “Estando secuestradas mis niñas, esas autoridades le concedieron la custodia al padre secuestrador”.

Debió emprender una larga batalla legal para recuperarlas, pero el empresario no fue castigado, pese a que las niñas fueron objeto de violencia sexual y una de ellas violada por el padre. “Ante la falta de justicia, realicé una denuncia pública, donde señalé todos los actos de omisión y de corrupción de las autoridades, donde el influyentismo cobijaba al agresor sexual de mis hijas, quien financió la campaña de Rosas Aispuro y tiene negocios con él”.

Debido a ellos, el empresario, a quien no puede llamar por su nombre, so pena de ir a la cárcel, le interpuso una denuncia, la que sí prosperó.

“Me vincularon a proceso y el próximo 30 de junio se va a dictar sentencia en mi contra por haber hecho público el abuso sexual documentado. Quieren acabar conmigo antes de que concluya el gobierno de Rosas Aispuro y regresar a mis hijas, que tienen ahora seis y siete años, con su agresor.”

Y, recalca, “no lo puedo permitir, ya sea encarcelamiento o feminicidio, mis niñas van a quedar desamparadas”.

Mariel Albarrán relata una situación similar. El agresor de sus hijas es “un ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que enfrenta siete demandas por haber denunciado violencia sexual infantil contra ellas”. Una jueza se atrevió a decirle que nunca iba a lograr justicia a través de los medios de comunicación.

Senadores y diputados de Morena, entre ellos José Narro, han escuchado el llamado de las víctimas para que las ayuden a exigir justicia y a recuperar a sus hijos. Así lo hizo también Mayté López, ex esposa del senador de MC, Noé Castañón, quien le arrebató a sus tres hijos y logró que un juez de Chiapas, donde su padre fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, la obligara a pasarle una pensión alimentaria desde hace seis años.

Es la misma situación de la maestra Kitzia Hermosillo, que debe mandar la mitad de su salario, de 8 mil pesos, a su ex pareja, quien se llevó a su hijo.

A Giselle Bleus, el líder sindical Alfonso Delgado le robó hace dos meses a su hijo de 5 años, que padece autismo, y se lo llevó a un pueblo remoto de Jalisco. “Vivo en la angustia porque mi bebé depende totalmente de mí, no habla, no tiene control de esfínteres, me necesita”.

Y a Jenny Chel Morales, de 20 años, el padre de su hija la secuestró hace dos meses, la bebé de año y medio aún lactaba y aunque “me la he vivido en la Fiscalía, me dicen que nada pueden hacer, porque es su papá”. Todas piden que desde el legislativo se ataque esa violencia vicaria.