Dos fenómenos se agravaron de manera contundente en Brasil a lo largo de los últimos tiempos: el hambre y la violencia practicada por fuerzas de seguridad pública.

La suma de la inflación, que se mantiene por encima de 12 por ciento al año, a la pérdida de poder adquisitivo de manera general pero especialmente aguda en las capas de menor poder adquisitivo, que gira alrededor de 10 por ciento, hizo que 36 por ciento de las familias brasileñas –lo que significa más de la mitad de la población total, de 212 millones– hayan entrado en lo que analistas y especialistas llaman “inseguridad alimentaria”. Es decir, desde insuficiencia de alimentos en bases mínimas a directamente hambre.

Ese cuadro se acentuó principalmente a partir de 2021. Si en 2014 el número de familias en estado de “inseguridad alimentaria” en sus diferentes niveles rondaba la tasa de 17 por ciento, a fines de 2021 había saltado para 36 por ciento. Y con eso supera el promedio mundial, que es de 35 por ciento.

Entre el 20 por ciento que conforman la parte más pobre de los brasileños, 75 por ciento dicen que en 2021 faltó dinero para comprar comida.

Los datos corresponden a encuestas realizadas antes de la invasión de Ucrania por tropas rusas, lo que provocó un nuevo –y fuerte– incremento en los precios, especialmente combustible y alimentos.

Si a lo largo de siete meses de 2021 el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro concedió “auxilio de emergencia” a poco más de 39 millones de familias, ahora llega a 17 millones 500 mil, o sea, menos de la mitad.

Además del hambre, otro fenómeno creciente bajo Bolsonaro alcanza, de manera dramática, precisamente a la parte más pobre de los brasileños: la violencia de las fuerzas de seguridad en las favelas, “villas miseria” cuya población aumentó significativamente con la debacle económico.

El estado donde esa violencia creció de manera exponencial en los últimos dos años ha sido Río de Janeiro.

Esta semana hubo otra masacre en una favela suburbana de Río, con la muerte de 23 personas.

Desde agosto de 2020, o sea, en menos de dos años, al menos 330 civiles fueron muertos en 74 supuestos enfrentamientos entre supuestos criminales y fuerzas de seguridad pública en Río.

La repetición de “supuestos” se justifica: parte sustancial de los muertos no tenía ningún tipo de registro criminal, y es difícil imaginar un “enfrentamiento” como el más reciente, en la “villa miseria” de Cruzeiro, en el que 23 moradores murieron y ninguno de los más de 100 agentes de seguridad resultó siquiera herido.

En este último caso, de los 23 muertos 16 fueron identificados por la policía. De ellos, siete –casi la mitad– no tenían ningún antecedente criminal. Uno de ellos era un joven de 16 años, muerto por una cuchillada, y no por tiro.

Otra víctima era una peluquera de 42 años, alcanzada dentro de su casa por una “bala perdida”, nadie sabe si disparada por narcotraficantes o por la policía. Otro fusilado era un ex militar de la marina, que trabajaba en un negocio en la favela. No había arma alguna al lado de su cadáver.

Ha sido la segunda mayor masacre en Río en los recientes dos años. La anterior ocurrió en 2021, también en una “villa miseria”, y dejó 28 muertos. Entre las víctimas se encontraban narcotraficantes, pero parte considerable eran moradores, todos trabajadores, y en su mayoría negros.

Otra acción brutal de la policía –grabada en un video que circula por todo el país– ocurrió en Umbaúba, en el estado de Sergipe, en el nordeste.

El conductor de una moto, que padecía de esquizofrenia, fue tumbado por policías militares. Agredido, fue atado y tirado a la baulera de una camioneta de patrulla. Su esposa se acercó, y a gritos contó a los uniformados que el marido estaba enfermo.

Como el prisionero se agitaba en la baulera, los agentes dispararon espray de pimienta dentro del vehículo todo cerrado para “calmarlo”. Resultado: el hombre de 38 años murió sofocado.

Frente a la masacre de Río, Bolsonaro –incentivador del armamentismo que destrozó el ya complicado sistema brasileño de seguridad pública– elogió a los “héroes” que garantizaron la paz de “los hombres de bien”, criticó a los medios de comunicación por no compartir su aplauso y prometió mantenerse vigilante.

Ya en relación con el ciudadano sofocado en la baulera de un patrullero dijo que antes de comentar habría que “averiguar” lo sucedido. Parece que a ninguno de sus asesores e hijos se les ocurrió enseñarle el video del asesinato cometido por los policiales.

A la acción de los gobernadores alineados con Bolsonaro se suman los incentivos y elogios del peor presidente de la historia a la violencia.

Y con eso, negros y pobres que habitan las “villas miseria” seguirán bajo la eterna amenaza de muerte por agentes que deberían ser de seguridad pública, pero no hacen más que fusilar, en lugar de prender culpables mientras diezman inocentes. Todo siempre bajo el aplauso presidencial.