Zacatecas, Zac., Los habitantes del estado de Zacatecas “padecen la peor crisis de inseguridad, violencia y criminalidad en su historia”, afirmó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estatal, María de la Luz Domínguez Campos.

“Cada día suceden hechos más crueles que evidencian el desprecio por la vida humana, el incremento de actividades criminales y el aumento de víctimas directas e indirectas, teniendo en consecuencias la vulneración de derechos a la vida, integridad, libertad y dignidad de miles de personas”, expuso en su informe anual de labores al frente del organismo.

En el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la ombudsperson informó que en la actualidad, en Zacatecas, “se han traspasado las fronteras de lo impensable, pues la delincuencia no sólo asesina a hombres, mujeres o jóvenes, también a niños inocentes sin el menor recato, lo mismo en la calle que al interior de una iglesia”.

Precisó que “sólo en 2021 se cometieron mil 618 homicidios dolosos, como parte de la lucha encarnizada que sostienen los cárteles de la droga, mientras que en los primeros cinco meses de 2022 fueron asesinadas 389 personas, de las que 25 eran policías en activo.

Asimismo, Domínguez Campos advirtió que “son alarmantes” las cifras de desaparición de personas en la entidad. Pues se tiene un registro de más de 2 mil 898 ausentes.

De esa cifra, detalló, en 2021 desaparecieron 800 ciudadanos y durante los primeros meses de 2022 ya hay 246 personas de quienes se desconoce su paradero. “Por eso la principal exigencia de la población zacatecana es la seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos”, añadió.

Obispo propone “amnistía”

El obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, propuso otorgar “una especie de amnistía” a los integrantes de la delincuencia organizada que sostienen una lucha violenta por el territorio, y han obligado a miles de personas abandonar sus comunidades rurales.

En entrevista, al concluir una misa que ofició en la parroquia de la cabecera municipal de Jerez –demarcación en la que más de 2 mil 500 personas han sido desplazadas de sus pequeñas comunidades por la violencia–, el obispo admitió que pretendía acudir a una comunidad serrana, pero las autoridades le advirtieron “que no había condiciones de seguridad”, ante lo cual propuso que frente a los integrantes de los grupos armados “tenemos que buscar negociación de alguna manera, invitar que esta gente deponga las armas, pero hay que ofrecerles algo a cambio. Llegar a un acuerdo en que la pena sea reducida, si entregan las armas”.

El prelado ofició su misa ante decenas de personas que han sido desplazadas de sus hogares, y al finalizar se acercó a saludar de mano a cada uno de los asistentes, entre ellos había representantes de medios locales que lo entrevistaron.

–¿Una especie de amnistía? –Le preguntó un reportero, y Noriega res-pondió: “no, no amnistía total, pero obviamente lo que permita la ley”.