Por vulnerar sus derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara, cinco de las cuales fueron asesinadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 96/2022 a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; al fiscal general de esa entidad, Roberto Fierro Duarte, así como a los alcaldes de Uruachi y Guazapares, Marcelo Rascón Félix y Joel Bustillos Ramírez, respectivamente.

La CNDH documentó que las víctimas pertenecían a tres grupos familiares, vinculados por razones de consanguinidad, así como por afinidad, quienes vivían en la comunidad de El Manzano, ubicado en Uruachi, y en Monterde, municipio de Guazapares.

Se acreditó que, por diversos hechos de violencia y amenazas perpetradas en su contra, entre 2015, 2016 y 2019 las víctimas se vieron obligadas a abandonar sus comunidades ante la omisión de autoridades estatales para brindarles protección y seguridad.

Además, durante ese periodo se registraron despojos, daños y robos en posesiones y propiedades de diversos integrantes de esos grupos familiares.

Respecto al análisis de la investigación de los diferentes hechos de violencia denunciados que lleva a cabo la fiscalía estatal, se observó que varias carpetas de investigación presentan irregularidades y existe dilación en las diligencias para esclarecer los hechos.

Ante ello, la CNDH solicitó a la gobernadora del estado y a los presidentes municipales de Uruachi y Guazapares realizar un censo que corrobore el número de víctimas directas e indirectas, a fin de aplicar un plan de atención integral a los afectados, así como efectuar un diagnóstico de la situación actual de inseguridad en los dos municipios para poner en marcha un plan de atención.