Una filial en México de la multinacional española Iberdrola fue multada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con 9 mil 145 millones de pesos por haber vendido energía a otras empresas al amparo de un permiso que sólo le permitía generar para autoabastecimiento.

El miércoles, el órgano de gobierno aprobó en una sesión extraordinaria tres proyectos de resolución de procedimientos administrativos de sanción en materia de electricidad e hidrocarburos, aunque no ofreció mayores detalles ni reveló el nombre de las empresas que serían sancionadas.

Sin embargo, este viernes el regulador publicó la resolución RES/466/2022, la cual detalla la multa impuesta a Iberdrola Energía Monterrey (IEM), titular del permiso de generación de energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento E/205/AUT/2002.

La CRE determinó una sanción por 9 mil 145 millones 388 mil pesos, monto equivalente a 100 veces el salario mínimo general vigente para la Ciudad de México durante 2020, que era de 123 pesos, por cada kilovatio de capacidad de la planta que fue vendido en el esquema de autoabastecimiento.

La multa es la más alta impuesta por el regulador, pues las sanciones a otros permisionarios de los diferentes sectores energéticos han sido menores.

Este diario consultó a la empresa sobre la resolución de la CRE y la respuesta fue que no habría un pronunciamiento inmediato.

En 2017, el monto de las multas impuestas por la CRE en 76 procedimientos administrativos sumó 112 millones 107 mil 690 pesos.

La CRE encontró que IEM incurrió en la venta de energía eléctrica a terceros, acción que no está permitida por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).

El artículo 36 de esa ley establece que el permiso de autoabastecimiento se otorga para satisfacer las necesidades de energía de personas físicas o morales.

La LSPEE determina que es posible formar sociedades, pero los solicitantes deberán ser copropietarios y no pueden entregar energía eléctrica a terceras personas físicas o morales que no sean socios de la misma al aprobarse el proyecto original.

Pese a ello, Iberdrola ha incurrido en la venta de energía generada en la planta ubicada en Pesquería, Nuevo León, a más de 400 empresas, entre las que se encuentran Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y Cemex.

Lo anterior fue demostrado a través de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) emitidos por IEM entre el primero de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020.

El documento manifiesta que los CFDI demuestran que la “permisionaria comercializó la energía eléctrica generada por la central vendiéndola a sus socios”.

Como parte del proceso, IEM consideró que las facturas fueron una prueba ilícita, que incluso se violó su secreto fiscal al ser proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dicho argumento fue desestimado por las autoridades, pues son acciones de trabajo en conjunto entre la CRE y el SAT, además de que los CFDI son la “prueba idónea para demostrar la enajenación de bienes”.

“Se concluye que la conducta de la permisionaria fue de carácter grave, ya que a sabiendas que tiene la obligación de no vender, revender o enajenar por ningún título, directa o indirectamente, capacidad o energía eléctrica, salvo los casos autorizados por la ley, inobservó la norma, llevando a cabo la conducta prohibida por la misma”, según el documento.

IEM aún tendrá la opción de impugnar la resolución de la CRE a través de un juicio de amparo indirecto en los términos de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, dijo el regulador.

Daño a la economía

En 2021, el Grupo Iberdrola –que suma a todas su filiales en el mundo, incluyendo a España– obtuvo ganancias por 93 mil 250 millones de pesos, por lo que la multa que deberá pagar representa menos de 10 por ciento de sus beneficios obtenidos.

La sanción también representa la más grande en la actual administración federal y se da luego de que no fue aprobada la reforma eléctrica que envió el Poder Ejecutivo en octubre pasado.

En México, la multinacional española es la principal generadora privada y la segunda después de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El documento resalta que si bien las acciones no alcanzan el grado de delito, “administrativamente es reprochable, porque infringe disposiciones normativas en materia exclusiva de la nación”.

La resolución puntualizó que el incumplimiento de Iberdrola “causa un daño a la economía y el desarrollo nacional, toda vez que el Estado dejó de captar los ingresos por la venta de la energía eléctrica indebidamente realizada por la permisionaria”.

Las autoridades del país han denunciado que existen 110 sociedades de autoabasto que incurren en prácticas ilegales y concentran a los grandes consumidores del país.