Las Oficinas de las Naciones Unidas en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH), del Fondo de Población (UNFPA) y de la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) celebraron las reformas aprobadas por el Congreso del estado de Guerrero, publicadas en el Periódico Oficial de la entidad, que permiten la interrupción legal y voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas.

En un comunicado conjunto, destacaron que dichas reformas representan una significativa contribución para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y anan al cumplimiento de las obligaciones internacionales y de las recomendaciones formuladas al Estado mexicano.

Reconocieron “el rol clave de las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos en la materialización de este histórico avance” y saludaron que el Congreso haya tomado en cuenta sus voces. Alentaron a que esta buena práctica participativa se siga replicando y los ejercicios de parlamento abierto sean una constante en toda discusión que afecte los derechos de las mujeres.

También recordaron que la negación del acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo puede resultar en graves violaciones a los derechos de las mujeres, incluyendo su derecho a la salud, a la privacidad y en algunos casos a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, expuso que estas reformas normativas no solo son positivas por su alineación con los estándares internacionales de derechos humanos, sino también “porque buscan dar respuesta a las demandas de miles mujeres, adolescentes y niñas exigiendo que las autoridades garanticen sus derechos sexuales y reproductivos”.

Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en el país, resaltó que el que las mujeres, adolescentes y niñas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva disponibles, accesibles, asequibles y de calidad, entre ellos, los servicios de interrupción del embarazo, de anticoncepción y de planificación familiar “es fundamental para garantizar su autonomía y sus derechos sexuales y reproductivos, reconocidos por distintos instrumentos internacionales y nacionales".

Alanna Armitage, representante del UNFPA, expuso que “criminalizar el aborto no evita que las personas interrumpan su embarazo. La criminalización lo único que logra es poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres, adolescentes y niñas”.