La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 123 de la Carta Magna para definir que para obtener un empleo, las empresas y el sector público no podrán poner un límite máximo de edad.

La comisión avaló una iniciativa de Morena por unanimidad de 33 votos y respaldó la crítica a que la mayoría de las ofertas de trabajo en México excluyen a quienes tienen más de 35 años.

Se propone modificar los apartados A y B de dicho artículo, en materia de igualdad y no discriminación laboral de personas mayores. La redacción prevé que no podrá definirse un límite máximo de edad para contratación u ocupación de un empleo y tampoco se deberá imponer una restricción para obtener o continuar en un cargo público.

No obstante, la comisión mantuvo la propuesta original de la diputada Leticia Olua González (Morena), quien planteó una excepción, que limita la prohibición a “los casos plenamente justificados”.

Tal redacción fue impugnada por la abogada y diputada de Morena Susana Prieto Terrazas, quien expuso que “no hay una justificación lo suficientemente necesaria como para negar la contratación en una trabajo a una persona por razón de su edad”.

La reforma –que habrá de esperar a septiembre para su discusión en el pleno de la cámara– busca eliminar la discriminación laboral por vejez, porque se trata de “uno de los fenómenos que convierte a los adultos mayores en un grupo vulnerable”.

En la iniciativa se define que, aun cuando la vejez constituye parte natural del ciclo de vida, ciertos estereotipos sociales atribuyen a los adultos mayores características negativas como improductividad, ineficiencia, enfermedad, decrepitud o decadencia.