Madrid. El Parlamento español aprobó el jueves un proyecto de ley que hace del consenso un determinante crucial en los casos de agresión sexual y libera a las víctimas de la necesidad de demostrar que se empleó la violencia o la intimidación en su contra.

La ley, llamada popularmente “Solo sí es sí”, apunta a la vaga definición del consentimiento en la ley española. A falta de una definición codificada, la ley dependía de que hubiera pruebas de violencia, resistencia o intimidación para decidir si se había producido una agresión sexual.

La nueva ley define el consentimiento como una expresión explícita de la voluntad de la persona, dejando en claro que la pasividad o el silencio no equivalen a consentir. El sexo no consensual se puede considerar una agresión, punible con hasta 15 años de cárcel.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, festejó la nueva ley. “España es desde hoy un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres”, declaró ante el Parlamento. “Vamos a cambiar la violencia por la libertad. Adicionalmente, vamos a cambiar el miedo por el deseo”.

El gobierno de coalición de izquierdas había promovido la ley, contra la oposición del Partido Popular, de derecha, y el Vox, de extrema derecha. El proyecto pasa ahora al Senado.

Incluye una serie de medidas, como la de obligar a los menores que cometen delitos sexuales a tomar cursos de educación sexual e igualdad de género. También crea una red de centros de crisis para las víctimas de agresión sexual y sus familiares, que funcionarán las 24 horas del día.

Las raíces de la ley están en la furia generalizada que provocó un caso de violación en grupo durante la fiesta de San Fermín en Pamplona, en 2016.

En un principio se halló culpables de abuso sexual a los cinco acusados en el caso, pero no de violación, ya que se consideró que la víctima no había objetado. El fallo causó protestas en todo el país y el reclamo de que España se sumara a la decena de países europeos que definen la violación como sexo sin consentimiento, según un análisis de Amnistía Internacional en 2020.