En abril de este año aprobamos en el Senado la iniciativa presidencial para declarar al litio mineral estratégico, lo que reserva su uso, explotación y beneficio como una actividad exclusiva del Estado.
La discusión que tuvimos en el pleno evidenció la importancia de resaltar los problemas que prevalecen en el régimen de concesiones que estipula la Ley Minera vigente y la Ley de Inversiones Extranjeras.
En el debate, vimos quién está del lado de México y quién en favor de entronar a algún empresario como “rey del litio”. La consigna de la oposición, aconsejada por los cabilderos de las mineras trasnacionales, mostró claramente su postura: “Si se nacionaliza el litio, ponemos en riesgo las inversiones”, priorizando los intereses extranjeros a los nacionales.
De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales y yacimientos. Se establece que sólo el Estado podrá otorgar concesiones a particulares y sociedades para el aprovechamiento de estos recursos. Sin embargo, en los últimos 30 años la regulación se flexibilizó en favor de las empresas y contra ejidatarios, ecosistemas y comunidades, reduciendo la protección de la nación en estos temas fundamentales.
En realidad, los procesos para el otorgamiento de concesiones mineras son tan laxos que podrían compararse con obsequios para los inversionistas mineros nacionales y trasnacionales; quienes se aprovecharon de esta política para especular, explotar y saquear los recursos de México, obteniendo ganancias extraordinarias, sin que esto se refleje en mayor seguridad y bienestar para la clase trabajadora o las comunidades mineras.
Con la Ley Minera de 1992, se permitió la participación de empresas registradas en México con un capital totalmente extranjero, se eliminó el impuesto a la explotación minera y se amplió el periodo de vigencia de las concesiones de 25 a 50 años, prorrogables por otros 50.
La consecuencia de una inversión totalmente extranjera es que el Estado pierde autonomía en su rectoría económica, según el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional. A partir de dicha modificación han desfilado mineras extranjeras que extorsionan al Estado con amenazas de llevar sus inversiones a otros países. Hasta la fecha, no conozco algún caso en el que hayan ejecutado sus amenazas, porque sencillamente no pueden trasladar los minerales a otras fronteras. Tampoco hay país que otorgue condiciones tan favorables para la explotación minera como México.
El siguiente movimiento de liberalización fue en 2005, reforma que fusionó las concesiones de exploración y explotación minera en una sola, permitiéndoles hasta 100 años. Además, los requisitos para solicitar una concesión permanecieron mínimos, los concesionarios operaban con pocas obligaciones y sin consecuencias importantes en caso de incumplirlas.
En 2019, el presidente López Obrador presentó datos sobre las concesiones mineras. Para ese año, en México se tenían 25 mil 267 concesiones mineras vigentes en una superficie de 21.3 millones de hectáreas, lo que equivale a 10.6 por ciento de la superficie del territorio nacional. Pero si contamos desde la administración de Salinas de Gortari hasta la de Peña Nieto, se cedieron 120 millones de hectáreas, es decir, 60 por ciento del territorio nacional.
Ante ello, es necesaria una revisión integral a la Ley Minera para que las autoridades, tanto estatales como federales, retomen la rectoría en una actividad tan estratégica en cuatro aspectos fundamentales: las condiciones en que operan en las comunidades; la salud, integridad y el respeto a los derechos de los trabajadores; el manejo de los impactos al ambiente, y el cumplimiento cabal de las leyes mexicanas.
Evitemos errores del pasado y trabajemos juntos para que la minería deje de ser un botín que se reparte entre unos cuantos y se convierta en un motor de desarrollo sustentable para el futuro de México.
