Nueva York. En una más de las audiencias preparatorias para el previsto juicio del ex secretario de Seguridad Pública en México Genaro García Luna, programado para octubre, se abordaron –sin resolver– el manejo de documentos secretos en el caso y si se requiere establecer un jurado anónimo, ya que la fiscalía federal argumenta que entregar esa información a la defensa y hacerla pública “podría causar serios daños a la seguridad nacional” por el alto perfil del acusado.

En la audiencia por videoconferencia con el acusado presente desde una sala en su prisión ante el tribunal federal de distrito del este de Nueva York –el mismo donde fue enjuiciado Joaquín El Chapo Guzmán y ante el mismo juez, Brian Cogan–, fiscales y abogados de la defensa usaron la sesión para determinar los próximos pasos en el proceso preliminar al juicio, incluyendo consultas por separado con el juez, y fijaron la siguiente audiencia preparativa para el 15 de julio.

Unos días antes de esta audiencia, los fiscales federales le solicitaron al juez Cogan que autorizara una orden de protección de cierta información clasificada que usarán para el juicio por “razones de seguridad nacional”. Argumentan que “la divulgación de los materiales clasificados a la defensa (los abogados de García Luna), o al público podrían causar serios daños a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El juez Cogan informó que se reunirá con cada una de las partes antes de decidir si aprueba o no esa solicitud.

Los fiscales reiteraron que hasta la fecha ya han producido más de un millón de cuartillas de documentos y “voluminosas comunicaciones interceptadas”, y hoy compartieron unas 3 mil 500 páginas más con la defensa.

Al mismo tiempo, el juez también solicitó mayor información para definir su posición sobre la solicitud de la fiscalía de un jurado anónimo y parcialmente protegido para el juicio.

Los fiscales han señalado anteriormente que por el cargo público que ocupaba García Luna, sus víncu-los tanto con altos niveles del gobierno mexicano como con los cárteles de droga, él tiene la capacidad potencial de intimidar o poner en peligro a integrantes de un jurado.

Los abogados de la defensa, equipo encabezado por César de Castro, rechazan ese argumento y afirman que declarar la necesidad de un jurado anónimo perjudica la percepción de los integrantes de ese jurado como la opinión pública, y con ello daña la posibilidad de un proceso imparcial.

García Luna enfrenta cargos federales estadunidenses acusando que entre 2001 y 2005, cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigaciones, y de 2006 a 2012, como secretario de Seguridad Pública de México, aceptó “millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección para sus actividades de tráfico de drogas”. Los cargos incluyen participación en un negocio criminal, varios de conspiración para distribuir cocaína, y por hacer declaraciones falsas.

El acusado fue arrestado en Dallas, Texas, por agentes federales el 9 de diciembre de 2019 y se encuentra encarcelado en Nueva York desde entonces en espera de su juicio, por ahora programado para el próximo 24 de octubre.

El caso incluye a dos de sus ex-subordinados, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García, quienes son calificados como prófugos de la justicia de Estados Unidos.

Otro caso relacionado es el de Iván Reyes Arzate, ex comandante de la Unidad de Investigaciones Sensibles y subordinado de Genaro García Luna, quien se presentó en este mismo tribunal ante el mismo juez Brian Cogan en febrero, donde fue sentenciado a 10 años de prisión por delitos de narcotráfico y corrupción. Se especula que él está cooperando con los fiscales en este y otros procesos.