Mexicali, BC., La empresa Next Energy SA de CV aceptó cancelar la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali sin pago de indemnización, anunció la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda durante su conferencia matutina de ayer en Tijuana; explicó que la compañía accedió negociar el acuerdo que representaba un severo golpe a las finanzas estatales.

La cancelación del contrato implica la rescisión del fideicomiso que para este fin formalizó el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez (2019-2021), sin contar con permisos federales y estatales, por lo que se repondrán 123 millones de pesos que se descontaron de participaciones federales, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El acuerdo entre Next Energy –propiedad de Eugenio Javier Maiz Domene, ex dueño del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey–, y el gobierno de Baja California implica la no penalización ni responsabilidad hacia el estado ni al gobierno, sostuvo Ávila Olmeda, quien reconoció la disposición y el entendimiento de la empresa.

Aclaró que las denuncias penales y administrativas continúan contra responsables del contrato del gobierno de su antecesor Jaime Bonilla, por entregar un convenio ventajoso para la construcción de la planta fotovoltaica en Mexicali, que suministraría energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana y oficinas de dependencias estatales.

“El contrato será cancelado tanto la proyectada generación y suministro de energía, como lo correspondiente al fideicomiso, sin que tengamos que entregar alguna indemnización. Lo que no significa que se deje sin efecto los procesos administrativos o penales que pudieran enfrentar por parte del gobierno anterior, continuarán estos procesos”, recalcó la mandataria.

El secretario de Hacienda estatal, Marco Moreno Mexía, sostuvo que la cancelación del proyecto y contrato significa un ahorro de 12 mil millones de pesos para la población bajacaliforniana que implicaría un proyecto de esta naturaleza por las condiciones pactadas.

Ávila Olmeda también presentó una carta enviada por el representante legal de Next Energy, Héctor Martínez Vivas, sobre la respuesta que la empresa dio por la finalización del contrato.

Entre sus observaciones destaca “la terminación sin reserva legal alguna, tanto del contrato de generación y suministro de energía eléctrica fotovoltaica, como del contrato de fideicomiso irrevocable celebrado entre las partes y sin pago de indemnizaciones”.

Así como “una vez manifestada su conformidad, procederemos de manera conjunta a solicitar al agente fiduciario la devolución de las participaciones federales retenidas por el fideicomiso, constituidas como el fondo de reserva, y realizaremos las acciones requeridas para cancelar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto”.

Y “una vez que se firmen los documentos correspondientes, no reservándose el gobierno del estado de Baja California acción legal presente o futura en contra de la empresa, sus representantes o accionistas, y de nuestra parte, haremos lo propio con el estado de Baja California y sus funcionarios actuales”.

La gobernadora advirtió además que seguirán los procedimientos administrativos y los procesos penales contra quienes firmaron este “fallido contrato de la planta que no contaba con permisos y tenia condiciones desfavorables para la entidad”.

El fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio sólo dijo que las indagatorias sobre los posibles actos de corrupción de la administración pasada “siguen en pie”; pero al ser una investigación en curso no dio datos de la misma ni de los ex funcionarios involucrados.

Hace un mes, la Consejería Jurídica presentó denuncia penal contra el ex gobernador Jaime Bonilla, el ex secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y los integrantes de la Comisión Interinstitucional de Energía que participaron en la autorización del proyecto en octubre de 2020.