Digno de fábula de una república surrealista. Mientras la clase política mexiquense, encabezada por el gobernador Alfredo del Mazo, participaba en la solemne misa de consagración del nuevo arzobispo de Toluca, Raúl Gómez González, afuera de la catedral de Toluca se reprimía de manera brutal a la comunidad LGBT+ y a cinco reporteros (uno con fractura de rodilla). La protesta se debió a que la Cámara de Diputados decidió volver a aplazar el debate sobre los matrimonios igualitarios, gesto que buscó congraciarse con el nuevo arzobispo de Toluca ante la indignación de las minorías sexuales. Como diría Carlos Monsiváis: “La política es el arte de vender simultáneamente el gozo de la estabilidad y la paranoia ante el caos”.
¿Y dónde queda la laicidad del Estado? ¿Por qué el gobernador, secretarios de gobierno, alcalde de Toluca, diputados, presidentes municipales y ediles transgreden preceptos constitucionales? Pasan por alto mandatos del artículo 130 sobre la histórica separación entre el Estado y las iglesias. Peor: burlan la tajante prohibición de la ley de asociaciones religiosas y culto público, que en el artículo 25 asienta: “Las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas. Las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares”.
Alfredo del Mazo, cercano al Opus Dei, no es la primera vez que incurre en dicha inobservancia. Tres años antes, repitió la dosis medieval. Con motivo de la elevación de la diócesis de Toluca a arquidiócesis, el gobernador, su esposa y miembros de la nomenclatura local cortejaron la nueva investidura de monseñor Francisco Chavolla Ramos. Asistieron a la ceremonia religiosa el 18 de noviembre de 2019 en catedral. Del Mazo tambiénse ha reunido con el episcopado, externando sus convicciones por la vida y la familia tradicional.
¿Del Mazo desconoce el artículo 40 constitucional, que establece que este país es una República laica? ¿Por qué repiten los gobernadores del Edomex, el mismo patrón frente a la jerarquía católica? Estamos ante una tradición política del llamado Grupo Atlacomulco que incorpora a la Iglesia católica como factor de gobernabilidad, un componente de alianza que abarca lo electoral hasta el diseño de las políticas públicas.
El llamado Grupo Atlacomulco, con casi 100 años en el poder en el estado de México, no escatima recursos para consentir y otorgar privilegios al alto clero mexiquense. No restringe los medios para proveer de atenciones, prerrogativas materiales y hasta caprichos de los prelados: casas, donativos, viajes, seguros médicos, becas a seminaristas, seguridad, remodelación de templos y casas parroquiales, comidas, vinos y buena vida. Por ejemplo, Onésimo Cepeda fue muy vivo, hizo grandes negocios usando su influencia y casi extorsionaba a los presidentes municipales. Además, fue uno de los viajeros frecuentes de los siete helicópteros Augusta del gobierno estatal; en esa aeronave el obispo se trasladaba de Ecatepec a Ixtapan para jugar golf y, por supuesto, degustar de finos platillos y vinos franceses a costa del erario. Enrique Peña Nieto fue también dadivoso; siendo gobernador conformó una oficina especializada de enlace y atención a los antojos de los obispos, conducida por Roberto Herrera Mena.
La explicación de este nexo histórico y orgánico entre alto clero y políticos mexiquenses se remonta a los orígenes del Grupo Atlacomulco. Brincándose los principios liberales del Estado, la imbricación se debe a que el primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez, formó parte consanguínea del Grupo Atlacomulco. Don Arturo, quien estuvo casi 30 años al frente de la diócesis de Toluca, fue primo de Alfredo del Mazo Vélez y crecieron como hermanos en la misma casa. Como sabemos, Del Mazo Vélez fue gobernador del estado de México (1945-1951) y formó una dinastía política, pues su hijo fue gobernador y ahora su nieto ejerce la misma función. Arturo Vélez es tío abuelo de Alfredo del Mazo Maza. Arturo Vélez tuteló el estado de México con personajes que van desde Isidro Fabela, pasando por Gustavo Baz, Salvador Sánchez Colín y, por supuesto, el profesor Carlos Hank González. Fue un religioso priísta y empresario hotelero, tuvo todas las habilidades, beneficios y redes de los atlacomulcos, así como su principal defecto: la corrupción y la transa. Murió en 1989 a los 85 años. Esto es, Arturo Vélez es la versión religiosa del Grupo Atlacomulco. Para no perder el sello, fue varias veces señalado de corrupción en negocios inmobiliarios y manejos poco transparentes de recursos conducidos en caritativas rifas de casas encabezadas por el obispo de Toluca y promocionado por Excélsior. Así lo narra José López Portillo en sus memorias Mis tiempos (1988), en el capítulo titulado “Asuntos importantes de la catedral de Toluca o la grande y triste rifa por la catedral”. El futuro presidente era entonces un joven litigante.
La otra amenaza acechante a la laicidad del Estado es la clase política pragmática que busca legitimidad en el ámbito religioso. Demanda plausibilidad y votos en las feligresías católicas y evangélicas. Permítaseme parafrasear al mexiquense, prócer del llamado Grupo Atlacomulco, Carlos Hank González: Un político que no consiente al obispo es un político que nunca será consentido por el obispo.
