Más claro no podría ser el embajador-interventor de Estados Unidos en México, Ken Salazar: la frontera norte de México se trasladará virtualmente a la cintura del país, el istmo de Tehuantepec, para desde ahí frenar el paso de migrantes hacia el país de la bandera con barras y estrellas.

Sabido es que al prefecto enviado por Joe Biden no se le da la prudencia a la hora de hablar ante el Presidente de la República, gobernadores, empresarios o periodistas, así que en recientes declaraciones de prensa hizo saber: “El gobierno de México tiene un plan, una agenda muy buena para la seguridad por ahí por el Istmo (...) Allí en el Istmo, por 300 kilómetros, 180 millas… es más fácil ver lo que está pasando en la frontera de 180 millas y no de 2 mil millas en el desierto; entonces, es parte de la solución de migración. También es parte de la solución de la seguridad”.

Entusiasmado, el diplomático de texano sombrero no tuvo empacho en revelar las aguileñas garras y mirada del imperio: “En el sur, por el Istmo, es importante que pongamos la vista allí (...) ahí están las llaves para resolver los problemas que tenemos ahora sobre el flujo de la migración al norte (...) Mi foco ha sido en el Transoceánico, porque ese ferrocarril y ese lugar se soñaba como un lugar muy estratégico desde los días de Juárez y Lincoln”.

Ya en anteriores entregas de esta columna, que mantiene recelos fundados en la historia, se ha dicho que resulta grave convertir esa franja estratégica en un espacio de inversión económica de capitales extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, y de interés específico de este país en materia de seguridad nacional (a cuyo amparo Washington ha decidido invasiones y operaciones similares), en las áreas delicadas de migración proveniente de Centroamérica y de tráfico de drogas también con rumbo al norte.

El desatado activismo del embajador Salazar delata sin ambages la visión de control que se pretende establecer en esa zona estratégica, que une a los océanos Pacífico y Atlántico, este mediante la región marítima del Golfo de México.

El corredor transoceánico, que se construye como obra estratégica del sexenio obradorista, busca consolidar la integración económica (y política) de México y Estados Unidos, con un caudal de inversiones extranjeras que en cualquier momento podrán invocar malos tratos e incumplimientos para pedir acciones de la Casa Blanca contra el anfitrión castigable.

El vecino expansivo ha puesto la vista en esa franja siempre preservada en aras del legítimo interés nacional mexicano. Ahí anida una eventual defensa imperiosa del interés estadunidense en materia de su seguridad nacional. Por ello el embajador hiperactivo se reúne oficialmente con gobernadores, secretarios del gabinete federal y empresarios nacionales y extranjeros para supervisar el avance del proyecto “conjunto”.

Otro capítulo potencialmente peligroso se escribe en cuanto al financiamiento de tramos del Tren Maya, además de otros programas millonarios en dólares a cargo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la misma USAID a la que el presidente López Obrador ha criticado duramente en conferencias mañaneras por sus ánimos intervencionistas, sobre todo al financiar a asociaciones civiles antagónicas del actual gobierno federal.

Con Trump, México aceptó dar un giro lamentable a su política hacia los migrantes provenientes de Centroamérica e instaló a la Guardia Nacional y los agentes del Instituto Nacional de Migración como frontera sur provisional de Estados Unidos. Ahora, con el corredor transoceánico, la migra 4T establecerá en definitiva una barrera física militarizada para cumplir con los objetivos migratorios de Washington.

Y, mientras el presidente de Estados Unidos invita a España a la Cumbre de las Américas, al tiempo que pretende cerrar las puertas a países americanos como Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¡hasta mañana!

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