Chalco, Méx., A sus 22 años, Salma Andrea era muy trabajadora: repartía productos lácteos en misceláneas de esta región para ganarse la vida. Hoy ya no está viva. Fue asesinada por el operador de una unidad del transporte público quien, colérico, la atropelló porque la joven estacionó su camioneta en la calle, en un lugar que el responsable reclamaba como propio.

Gloria Reyes, madre de la joven, denuncia con rabia que ya pasaron tres años y Ricardo N aún no recibe sentencia. Dos años estuvo prófugo y ahora que está recluido en el penal estatal de Chalco, por medio de recursos de amparo intenta postergar el juicio.

El ataque fue perpetrado el 30 de marzo de 2019 en la comunidad de San Rafael, municipio de Tlalmanalco. La joven, quien dejó huérfana a una niña de cuatro años, viajaba con Antonio, su pareja, y se estacionó frente a una tienda para dejar mercancía.

Su jornada laboral marchaba bien, hasta que arribó un camión de pasajeros. Descendió el chofer y reclamó el espacio. Le exigió a la pareja que quitaran la camioneta porque él tenía que estacionar su unidad para visitar a su novia.

Gloria Reyes asegura que su hija y Antonio respondieron que quitarían el vehículo en cuanto terminara con el reparto, pero en respuesta recibieron una agresión verbal y amenazas. El hombre subió a su camión, arrancó y embistió la camioneta de la joven.

La madre asegura que al ser golpeada por su propio automotor, su cuerpo salió volando y quedó tendido en el asfalto. El operador echó reversa y pasó encima de la joven madre. Ella, aún con vida, fue trasladada a un hospital, donde murió el primero de abril de 2019.

Irregularidades en la investigación

Desde entonces, Gloria Reyes ha tocado puertas y protestado públicamente para exigir justicia. Denunció que sólo así logró que la carpeta de investigación fuera sacada de los archivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Narró que dos años después del homicidio de su hija, el responsable fue aprehendido en Hidalgo por agentes de la FGJEM, pero ya pasó un año desde que el chofer fue ingresado a la cárcel y aún no hay sentencia, pues la carpeta contiene irregularidades.