Cuernavaca, Mor. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Economía no deben permitir la explotación de oro y plata por la empresa Alamos Gold (antes Esperanza Silver) en la zona arqueológica de Xochicalco, “porque por cada 30 toneladas de oro que saquen dejarán 300 de desechos y contaminación en aire, agua y la tierra” por la cual peleó y murió el general Emiliano Zapata Salazar, aseveraron los integrantes del Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales.

En conferencia de prensa, ayer por la mañana en el zócalo de Cuernavaca, acusaron a la compañía canadiense de estar coludida con miembros del crimen organizado que “amenazan, hostigan y hasta agreden a pobladores que se oponen al proyecto en los municipios de Temixco, Xochitepec, Miacatlán y Coatetelco, donde se pretende explotar dos concesiones mineras, lo que afectaría a unos 200 mil habitantes.

Afirmaron que la empresa “está comprando de manera indiscriminada espacios en los medios de comunicación para, según ellos, exponer las bondades de la mina y publicar noticias disfrazadas a su favor, a tal grado que prometen acabar con la pobreza en Morelos”.

Paul Hersh Martínez, académico e integrante del movimiento, expuso que antes de que a esta firma se le otorgue permiso de explotación, “no ha habido solamente actividades de exploración del subsuelo, sino también de socavamiento de las relaciones locales”.

Los activistas acusaron a Álamos Gold de “romper el tejido social” y perseguir e incluso amenazar de muerte a familias que se oponen al proyecto minero.

Martínez aseguró que quienes rechazan la operación de dicha empresa, que desde 2009 ha estado explorando 15 mil hectáreas, “viven una violencia muy dura, incluso hay casos de acoso en la escuela contra sus hijos”.

Manifestó que en Morelos ha quedado en evidencia que antes de que las compañías mineras presenten la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, “ya generaron todo un plan para intervenir y obtener el control de los terrenos que pretenden explotar. ¿Cómo? Interviniendo en la dinámica de las comunidades agrarias, haciéndose, con presión, de las decisiones de las asambleas. Esto genera problemas, porque no todos los habitantes de una comunidad son ejidatarios o comuneros. Hay unos que son avecindados, jornaleros”, y otros “no están esperando un recurso (por la operación de la mina), porque no han sido sometidos a la oferta del dinero”.

Denunció que la compañía canadiense ha mantenido una “campaña permanente de desinformación sistemática. Compra la opinión de comunicadores, noticias o propaganda disfrazada de noticias, y se pretende enredar a la comunidad al decirle que viene jauja”.

De lo que no hablan, reprochó Paul Hersh, “es del dinero que se llevarán al extranjero a costa de destruir el medio ambiente de Morelos. Tampoco hablan en los desplegados que pagan sobre la contaminación que provocarán si explotan esta mencionada mina de oro y plata que acabará con la zona arqueológica de Xochicalco”.