Ejidatarios de El Bajío, municipio de Caborca, Sonora, denunciaron ante accionistas de Penmont, el Parlamento de Reino Unido y la embajada de México en ese país las irregularidades que ese consorcio minero, propiedad de Alejandro Baillères, ha cometido en sus tierras al extraer, “sin permisos y con engaños”, oro de la mina Herradura; exigieron el pago de 436 millones de dólares por lo sustraído de manera ilegal”.

Los comuneros se manifestaron durante la reunión anual de accionistas y directivos de Penmont, subsidaria de la empresa mexicana Fresnillo PLC, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres; los acompañaron sus representantes legales y miembros de las asociaciones civiles London Mining Network y London Mexico Solidarity.

En la reunión, celebrada el pasado martes en la Bolsa de Valores londinense, a donde pudieron ingresar los sonorenses, éstos demandaron la restitución de la tierra a su estado natural, el pago de rentas por el tiempo que fueron explotadas, la reparación del daño ambiental que las actividades han causado, así como el pago del mineral extraído de 1994 a 2013.

En entrevista, Jesús Thomas González, ejidatario y representante legal de El Bajío, expuso que es importante enfrentar al consorcio minero en instancias internacionales, debido a que en México las autoridades judiciales no han ejecutado las 67 sentencias que dictó el Tribunal Federal Agrario contra la minera desde 2014.

“Estamos sobreviviendo en una resistencia que ha desterrado a las familias oriundas de El Bajío, ubicado en la frontera con Estados Unidos; evidentemente, las autoridades están coludidas: empezaron encarcelando a 12 ejidatarios, luego a amenazar, secuestrar, levantar y asesinar a cuatro pobladores de ese año a la fecha”, acusaron.

Explicó que se han manifestado en diversas ocasiones en tribunales y juzgados del país, pero “el gobierno federal no nos recibe; entonces salimos a buscar ayuda a instancias internacionales”. Dijo que la finalidad es “enterar al presidente Andrés Manuel López Obrador de las violaciones a los derechos humanos contra familias asentadas en el norte de Sonora, como la falta de acceso a justicia, agua potable y vivienda digna.

“Nos han matado a cuatro (compañeros); nos han amenazado a todos, pero más que miedo hay preocupación porque son reales las advertencias; en el último asesinato dejaron un mensaje con amenaza de muerte y los nombres de todos los que nos resistimos al desalojo”, reveló Thomas González.

Los ejidatarios también exigieron que se haga justicia y se esclarezcan los homicidios de cuatro integrantes de la resistencia contra Penmont: Raúl Ibarra de la Paz y su esposa, Elizabeth López Gutiérrez, en febrero de 2018; José de Jesús Robledo Cruz y su cónyuge, María de Jesús Gómez, en abril de 2021.

Aseveró que Fresnillo PLC destruyó 3 mil 200 hectáreas del ejido El Bajío sin concesión para extraer oro; “sólo solicitó el permiso de exploración de los habitantes y comenzó con la explotación hasta 2013”.

Advirtió que continuarán levantando la voz en instancias internacionales hasta que los fallos emitidos por las autoridades agrarias sean atendidos y ejecutados con la reparación de daños y el pago de minerales extraídos de Sonora.

Penmont comenzó operaciones en 1991, cuando inició tres proyectos a cielo abierto en Sonora para extraer oro: La Herradura (1998), Dipolos-La Soledad (2010) y Noche Buena (2012). Los comuneros decidieron defenderse de manera legal. En 2011, se determinó a través de una primera sentencia que la minera debía desocupar las tierras. Apenas en 2013 se llevó a cabo la evacuación.

En ese año, 67 ejidatarios interpusieron denuncias por los daños causados al territorio. En 2014 el tribunal agrario número 28, con sede en Hermosillo, ordenó a la compañía restituir las tierras del ejido El Bajío y remediar los daños al medio ambiente, así como la devolución de las 236 mil 709 onzas de oro que extrajo, con un valor equivalente a 436 millones de dólares.

Los inconformes entregaron una carta a la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, quien fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en los primeros cinco meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para exigir la ejecución de las 67 sentencias agrarias emitidas en México a favor del ejido El Bajío.

En la misiva, pidieron a la diplomática: “Usted, como nuestra representante y defensora del medio ambiente, cuente con esta información para que pueda generar acciones que conlleven al cumplimiento de la justicia, a la conservación de nuestro medio ambiente y a la defensa de la vida de todas y todos los mexicanos en nuestro país”.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería se sumó a la exigencia de los ejidatarios sonorenses, “para que se cumpla el estado de derecho y se llegue a la justicia y la rendición de cuentas de una de las mineras más poderosas de México”.

Reprobó que “desde la emisión de las sentencias de 2014 el ejido ha sufrido hostigamiento, amenazas, criminalización y violencia permanente por su resistencia a las operaciones de Penmont”.