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2022-05-23 09:43

Se esfuman ahorros y sueños de 13 familias de contar con su casa en CDMX

El predio ubicado en la calle Mariano Azuela 202, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, es reclamado por 13 familias para construir sus viviendas.
El predio ubicado en la calle Mariano Azuela 202, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, es reclamado por 13 familias para construir sus viviendas. Foto Pablo Ramos

Ciudad de México. A 23 años de invertir su jubilación, ahorros o préstamos familiares, el sueño de 13 familias de contar con un departamento no se ha concretado, debido a que el predio de Mariano Azuela 202, colonia Santa María la Ribera, fue invadido y el Instituto de Vivienda (Invi) “no ha actuado para recuperarlo”, denunció Lorena García Alonso, coordinadora de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes.

Desde hace tres años, explicó, el subdirector de Normatividad y lo Contencioso del Invi, Mauricio Sánchez, informó que se integraba el expediente para ingresar la demanda al Tribunal Superior de Justicia y proceder en consecuencia, lo cual no ha sucedido.

Dicha inacción ha permitido que el inmueble, catalogado y en alto riesgo estructural, esté rentado y hayan sido retirados los sellos colocados en algunas viviendas tras la firma del convenio de desocupación y entrega; tenga las ventanas enrejadas y enfrente una deuda millonaria de predial.

Desde 1999, recordó, algunos inquilinos e integrantes de la “bolsa de vivienda” del instituto se organizaron y pagaron 50 mil pesos para comprar el terreno y obtuvieron la carta finiquito por el organismo.

Con ello se iniciaría la construcción del proyecto, lo cual “ha sido imposible porque dos habitantes del inmueble, Carlos Chiñas y José Tomás Nava Campos, se negaron a entregar sus viviendas hasta que les pagarán más por ellas”.

Por lo que “invadieron las que fueron entregadas y con sellos del Invi, e interpusieron juicios y amparos para lograr su objetivo, mismos que fueron desechados sin que el instituto haya procedido siquiera a retirarlos del proyecto”, indicó.

Se trata, argumentaron Julio César Manrique, Guadalupe Mérida y José Clemente García, de “delitos que han impedido que quienes invertimos nuestro dinero veamos lejano contar con una vivienda y dejar de vivir con un familiar o seguir pagando renta”.

Hoy tememos que se busque “la prescripción del proyecto, perdamos nuestro dinero o nos envíen a la periferia, pues ésta es una zona de alta plusvalía y se construya un desarrollo privado”, alertaron.

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