La Secretaría de la Función Pública tiene puesta la lupa en Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) y sus empresas Liconsa y Diconsa. Llevará a cabo 57 actos de fiscalización, entre auditorías y revisiones, para verificar si se han cumplido las recomendaciones de años pasados, cuando se detectó una trama de corrupción que, como ha publicado este diario, podría alcanzar 10 mil millones de pesos.

En el Plan Anual de Fiscalización, la dependencia tiene programadas 2 mil 846 auditorías y 945 revisiones de seguimiento a todo el aparato del gobierno federal, “privilegiando la supervisión de las áreas que representan mayores riesgos de vulnerar la probidad”.

Un número particularmente alto de esas revisiones se verificará en Segalmex, empresa que hasta el 19 de abril estaba encabezada por su director fundador, Ignacio Ovalle, quien dejó el puesto tras un ajuste ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentaron posibles daños millonarios al erario que han derivado en denuncias penales.

El plan fiscalizador se integra con actividades a cargo de los órganos internos de control y de oficinas centrales.

Su formación “privilegia los actos que se enfocan en las áreas de mayor riesgo de corrupción, como las contrataciones públicas, y tiene un enfoque preventivo, con el fin de fortalecer la eficiencia y la eficacia en el servicio público”, de acuerdo con la Función Pública.

Entre las auditorías que practica a Segalmex una revisará sus estados financieros, otra para verificar la operación del programa de precios de garantía a productos básicos, así como comprobaciones de aplicación de las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en años anteriores.

En Liconsa, la Función Pública revisa, entre otros aspectos, la administración de almacenes e inventarios, los estados financieros y el control del padrón de beneficiarios del Abasto Social de Leche.

En Diconsa se supervisan, con un enfoque de combate a la corrupción, las adquisiciones de distintos programas, como el de abasto rural, y la contratación de servicios, además de que se analizan los estados financieros.

La Secretaría de la Función Pública detectó las irregularidades anteriores en la utilización de recursos para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, por lo que a principios del año en curso el gobierno federal anunció que tres altos funcionarios de Segalmex fueron destituidos, luego de que se comprobaron presuntos ilícitos y actos de corrupción, los cuales fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República.

Tan solo en 2020, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación determinaron que Segalmex y sus empresas deben aclarar el destino de 8 mil 636 millones de pesos, incluidos 5 mil 640 millones de pesos destinados a contratos no justificados, así como pagos de pesticidas, de maíz o frijol sin actas de entrega-recepción, o diferencias entre los registros contables y los inventarios en almacenes.